¡Qué lío se ha armado con este caso, mi gente! Aquí en la República Dominicana, donde somos expertos en descubrir el *tigueraje* a tiempo, ha caído una mujer acusada de un *coro* bien feo: hacerse pasar por la viuda de un oficial de la Policía Nacional para cobrarse una pensión que no le correspondía. La Junta Central Electoral (JCE), que no está en chercha con este tipo de descaro, ha puesto a Dilennys Mercedes Mercedes Rossó a disposición de la justicia, y esto ha prendido las alarmas sobre la integridad de nuestros sistemas de pensiones.
La historia de la Falsa Viuda Dilennys es de esas que uno no cree hasta que la ve. Según las investigaciones, esta señora, de lo más tranquila, se las ingenió para obtener una pensión de sobrevivencia desde el 25 de abril de 2020, que ascendía a RD$13,814.55 mensuales del Plan de Retiro de la Policía Nacional, más todos los beneficios que eso conlleva, ¡incluyendo la regalía pascual! Eso es un *viaje de* dinero que le estaba quitando a los verdaderos beneficiarios, a la familia legítima del oficial fallecido en 2019.
El *trouble* empezó cuando los familiares del oficial, que no son *gente de coro* con las injusticias, se dieron cuenta de la jugada y soltaron la voz de alerta. De una vez, la fiscal adscrita a la JCE, Esther María González Peguero, junto al procurador de corte Pedro Jiménez Suero, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este, se metieron de lleno en el caso. Y es que el sistema dominicano, aunque a veces le pongan el pie, tiene sus mecanismos para desenmascarar estas fechorías.
Lo más *chulo* de todo esto es ver cómo nuestras instituciones trabajan en conjunto. La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado certificó el cobro irregular. Luego, la Dirección Nacional de Registro Civil, que tiene un sistema automatizado para que no se le escape un *ajuste*, confirmó el 17 de junio de 2025 (aunque parece una fecha futura, lo tomaremos como la fecha de la certificación) que no existía ningún registro de matrimonio entre Dilennys y el oficial. ¡Imagínate tú! Y por si fuera poco, se descubrió que ella sí se había casado, pero con otra persona, el 10 de abril de 2025, ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte. Eso ya es el colmo del *descaro*.
Este *tigueraje* de falsificación de documentos públicos es una vaina que le hace mucho daño a la confianza en el Estado. Las pensiones no son un juego, señores. Son el sustento de miles de familias que han visto a sus seres queridos servir a la patria, como los miembros de nuestra Policía Nacional. Que alguien intente sacar provecho de esta manera es una afrenta no solo a la familia del oficial, sino a todos los dominicanos que confían en que sus impuestos se utilizan de forma correcta y que el sistema protege a quienes realmente lo necesitan.
El papel de la JCE en este caso es crucial, ya que el Registro Civil es su jurisdicción. Esto demuestra que la entidad no solo se limita a organizar elecciones, sino que también ejerce un rol fundamental en la salvaguarda de la identidad y la veracidad de los actos civiles de los ciudadanos. La JCE, como garante de la identidad, tiene la responsabilidad de asegurar que los documentos que respaldan derechos y deberes sean auténticos y que no haya *trucos* de por medio. Este caso es un claro ejemplo de que sus ojos están bien abiertos.
Además, el *coro* de Dilennys no se quedó solo en el cobro de la pensión. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), otra institución que está *en la pepa* con su trabajo, certificó que la imputada figura como propietaria de un vehículo Nissan Versa SV, año 2016, valorado en RD$369,830.83. Esto ya le da otro nivel al asunto, porque no estamos hablando de una simple equivocación, sino de un esquema que le generaba beneficios económicos tangibles y que le permitía darse *vida* con dinero ajeno. ¡Qué *abuso*!
La colaboración entre la JCE, el Ministerio Público, la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, el Registro Civil y la DGII es un ejemplo *bacano* de cómo el Estado puede y debe funcionar para combatir la corrupción y el fraude. Cada institución, desde su trinchera, aportó las pruebas necesarias para armar un expediente sólido que desenmascara por completo este *chulo* intento de engaño. Es un mensaje claro para cualquiera que esté pensando en “inventar” con documentos públicos: el sistema, aunque lento, te va a encontrar.
Las consecuencias legales para Dilennys Mercedes Mercedes Rossó serán serias, asegún las leyes dominicanas. La falsificación de documentos, el fraude contra el Estado y la usurpación de identidad son delitos que conllevan penas de prisión y multas considerables. Esperamos que este caso sirva de precedente para desincentivar a otros que anden en la misma *actitud*, y para reforzar la confianza en la justicia de nuestro país. No hay *chercha* que valga cuando se trata de la integridad de los fondos públicos y el respeto a la memoria de quienes sirvieron a la nación.
Este es un recordatorio de que, aunque haya *tigueres* intentando salirse con la suya, la verdad siempre sale a flote. Y en un país como el nuestro, donde la gente está cada vez más *vigilante*, los *coros* así no duran mucho tiempo sin ser descubiertos. La JCE, el Ministerio Público y las demás instituciones han hecho un trabajo *excelente* en este caso, demostrando que están *dando la cara* por la transparencia y la justicia. ¡Que sigan así, que el pueblo lo agradece!
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