¡Klk, mi gente! Aquí estamos para desenredar una vaina seria que nos afecta a todos, especialmente a los nuestros: la situación de los adultos mayores en la zona fronteriza de nuestra querida República Dominicana. Asegún el reciente informe “Monitor de la Frontera” del Ministerio de Hacienda y Economía, seis de cada diez envejecientes en este pedazo de tierra tienen entre 65 y 74 años. Esto no es un simple numerito; estamos hablando de una transformación demográfica que nos pone a pensar y, de una vez, a buscar soluciones. La frontera, que siempre ha sido un espacio de retos particulares, ahora enfrenta el desafío de cuidar a una población que ha visto crecer su número a un ritmo considerable.
Este informe, que es un trabajo chulo para entender el panorama, no solo se queda en la edad. Profundiza en características demográficas, centros de atención, infraestructura, servicios de salud, y hasta el presupuesto destinado. Miren qué vaina: entre el censo de 2010 y el de 2022, el crecimiento de los viejitos en la zona fue de un 46.9 %. Eso es un disparate, un cambio significativo que genera presiones en el sistema de pensiones y en el gasto de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se equivoca al proyectar que para 2050, el 16 % de la población dominicana será envejeciente. La dependencia asociada al envejecimiento es una realidad que no podemos ignorar, y menos en una región con tantas particularidades como la frontera.
La verdad es que en la frontera la situación es más compleja, porque los servicios no están de lo más bien que digamos. Mientras que a nivel nacional el 9.4 % de los centros del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) están ahí, hay provincias como Pedernales donde no hay ni uno activo. ¡Pero qué vaina! Eso deja a nuestros abuelos sin un apoyo fundamental, aumentando su vulnerabilidad. Esta disparidad es un reflejo de las brechas territoriales que históricamente han afectado a la zona, donde el acceso a la atención básica es ya un desafío, ni hablar de los servicios especializados.
Y si hablamos de atención especializada, ahí es que la cosa se pone peor. En el resto del país, consultas como geriatría, psicología u odontología para adultos mayores representan un 42.5 %; pero en la frontera, ¡apenas llegan al 3.4 %! ¿Se imaginan la diferencia? Es como si a nuestros envejecientes de la frontera se les negara el derecho a una atención digna y específica. Esta carencia no solo afecta directamente a los viejitos, sino que recarga a los hogares que se convierten en los principales cuidadores, muchas veces sin los recursos ni el apoyo necesario para esta tremenda labor. Es una protección social desigual que clama por un cambio.
Frente a este panorama, hay una luz al final del túnel: el presupuesto proyectado para 2026 para el Programa de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor promete un aumento. ¡Eso es bacano! Se espera beneficiar a más de 263,607 personas con atención integral, protección social y cuidado domiciliario. Pero no basta con soltar la funda; hay que meterle mano de verdad para que esos recursos se orienten a ampliar la cobertura territorial, fortalecer la atención especializada y priorizar a los casos de mayor vulnerabilidad. Es una oportunidad de oro para cerrar esas brechas y que nuestros envejecientes, estén donde estén, puedan vivir con dignidad y reciban el cuidado que se merecen.
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