¡Qué ‘vaina’ más bacana! La Presidencia de la República ha dado un palo que celebra el país entero, sobre todo la gente de San Juan y el Suroeste. El presidente Luis Abinader ordenó de una vez la detención inmediata de toda actividad relacionada con el controversial proyecto minero Romero, que la empresa GoldQuest pretendía desarrollar en San Juan. Esta decisión es un respiro para los que, con uñas y dientes, defendían su tierra del dichoso proyecto Romero. La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) no ha tardado en darle el visto bueno a esta medida, que muchos esperaban desde hace rato.
Según la CAUASD, esta acción del primer mandatario no hace más que confirmar lo que el ‘tigueraje’ de los sectores ambientales y sociales ha venido diciendo por años: no se puede estar hablando de minería que valga en zonas donde hay un rechazo social masivo, donde el agua escasea y donde la tierra es clave para la agricultura. San Juan, con su tierra fértil, es el ‘granero del Sur’, un pulmón agrícola que alimenta a un viaje de dominicanos. Meter ahí una mina hubiese sido una irresponsabilidad de proporciones bíblicas, poniendo en jaque la seguridad alimentaria de la nación.
La lucha del pueblo de San Juan y del suroeste ha sido de las que hay que aplaudir de pie. Campesinos, productores, juntas de regantes, organizaciones sociales, iglesias y ciudadanos se unieron en un coro que resonó por todo el país, defendiendo el agua, la agricultura y su territorio. Esta no es la primera vez que una comunidad se organiza así; por décadas, hemos visto cómo el dominicano se planta cuando siente que le están ‘metiendo la mano’ con sus recursos naturales. La memoria histórica nos recuerda batallas similares en Loma Miranda o El Seibo, donde la gente ha demostrado que su voz tiene peso.
Pero, ¡ojo!, que esta victoria ciudadana no es para que nos quedemos con los brazos cruzados. La misma Comisión Ambiental advierte que esto no significa el punto final del problema, sino más bien el pistoletazo de salida para una revisión profunda del modelo minero que tenemos en el país. El actual régimen de concesiones mineras, asegún muchos expertos, es un ‘sancocho’ que necesita ser repensado. No puede ser que los intereses económicos primen por encima de la protección del medioambiente y el bienestar de la gente.
Por eso, la llamada al Estado dominicano es clara: hay que revisar a fondo cómo se otorgan estas concesiones y priorizar las evaluaciones ambientales estratégicas antes de siquiera pensar en estudios de impacto ambiental. La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio Ambiente, nos brindan las herramientas legales. Pero una cosa es tener la ley y otra es aplicarla como es debido. Es urgente una nueva ley de minería que ponga el agua, la seguridad alimentaria y la participación ciudadana por encima de cualquier otro interés extractivo.
Esta decisión del presidente Abinader es una muestra de que, cuando se pone la voluntad política y se escucha al pueblo, se pueden lograr cambios importantes. Es un precedente ‘jevi’ que fortalece la democracia y nos invita a seguir en la brega por un desarrollo sostenible de verdad. Es tiempo de que el país asuma un compromiso firme con la protección de sus riquezas naturales, esas que nos hacen únicos en el Caribe, y que cada dominicano pueda decir con orgullo que vive en un país donde el medioambiente está de lo más bien.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
