¡Atención, mi gente! Parece que la relación entre la defraudación tributaria y el lavado de activos es más estrecha de lo que muchos piensan, y un experto nos ha tirado la luz sobre esta delicada ‘vaina’. Según la noticia, el delito tributario puede convertirse en la antesala del lavado de activos, especialmente cuando esos fondos que se le zafan al fisco terminan en el sistema financiero, disfrazados de legalidad. Esto es un lío serio, porque los billetes mal habidos buscan siempre una forma de legitimarse.
Así lo dejó claro Robert Mustafá, quien, según el reporte, es encargado del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Él compartió estas reveladoras explicaciones durante un encuentro sobre cumplimiento normativo, organizado por la World Compliance Association, capítulo República Dominicana. Mustafá destacó que esos fondos que se generan con la evasión o el fraude fiscal son, de una vez, de origen ilícito, y por ende, carne de cañón para ser usados en esquemas complejos de legitimación de capitales.
Cuando esos recursos se introducen en el sistema financiero, la cosa se pone jevi para los que están en lo ‘ilegal’. Robert Mustafá explicó que, al mezclarse, transformarse y justificarse con una apariencia de legalidad, estamos frente a una operación de lavado de activos en toda regla. No es solo un concepto teórico; esto pasa de verdad y a menudo. El tigueraje para esconder la procedencia del dinero es real y cada vez más sofisticado.
La relación no es solo conceptual, sino también operativa, según el especialista de la DGII. Las autoridades tributarias y los organismos que persiguen el lavado de dinero a menudo identifican riesgos parecidos. Hablamos de estructuras societarias opacas, esas que no dejan ver quién está detrás, mecanismos de ocultación bien elaborados y un sinnúmero de señales de alerta que nos gritan ‘¡cuidado, aquí hay algo raro!’.
En este contexto, la coordinación entre instituciones es fundamental, un ‘coro’ bien afinado, podríamos decir. Mustafá enfatizó que la colaboración entre la administración tributaria, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y los organismos supervisores es clave para fortalecer la capacidad de prevención y detección. Sin un trabajo en equipo, la misión de frenar estos delitos se pone cuesta arriba.
Para manejar estos riesgos, la administración tributaria no se queda con los brazos cruzados. Mustafá detalló que una de sus herramientas es el ‘scoring tributario’. Este sistema es como un semáforo que clasifica a los contribuyentes según su perfil de riesgo. Así, la DGII puede orientar sus acciones de supervisión hacia los casos que presenten mayores señales de incumplimiento, esos que parecen estar buscando un chin de problema.
Sin embargo, la complejidad de los esquemas ilícitos actuales es tan grande que supera la capacidad de cualquier institución que pretenda trabajar de forma aislada. Mustafá fue bien claro al decir que el sector público no puede solo con esta ‘carga’. La sofisticación, la velocidad de las transacciones y la maraña de estructuras empresariales modernas desbordan cualquier esfuerzo individual, por más bueno que sea.
Por eso, el especialista abogó por una mayor colaboración con el sector privado. Las empresas, bancos y otros ‘sujetos obligados’ son la primera línea de detección de operaciones inusuales. Ellos son los que están de cerca con las transacciones día a día y, por ende, tienen la capacidad de identificar cuándo algo no huele bien y podría representar un riesgo para el sistema.
En ese sentido, es vital fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades y el sector privado. Esto incluye el intercambio de información sobre riesgos, la creación de guías conjuntas de cumplimiento, para que todo el mundo esté en la misma página, y espacios permanentes de retroalimentación. Es un ganar-ganar, un ‘bacano’ para todos los que quieren la transparencia.
Esta colaboración, según Mustafá, no debilita la función supervisora del Estado, sino que, por el contrario, le da más alcance y efectividad frente a los desafíos que presentan el lavado de activos y otros delitos financieros. La idea es que, con la ayuda de todos, podamos cerrarles las puertas a esos que buscan hacer de la ‘vainita’ ilegal un negocio redondo.
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