¡Pero qué ‘vaina’! En solo seis días, el Congreso Nacional le dio el visto bueno a la famosa Ley Anticrisis, la que busca aumentar la recaudación tributaria para el Estado. Se puso las pilas de una manera que dejó a más de uno con la boca abierta. Esta celeridad contrasta de forma abismal con el ritmo que suelen llevar otras iniciativas legislativas, algunas de ellas de vital importancia para el pueblo dominicano. La agilidad para aprobar la Ley Anticrisis fue tal que casi ni se sintió, un verdadero ‘coro’ exprés que ha levantado cejas por doquier sobre cómo se manejan los tiempos en el Capitolio.
Mientras un proyecto tan trascendental ‘cogía aire’ y pasaba en un abrir y cerrar de ojos, otras propuestas que tienen años rodando por los pasillos legislativos se quedan ‘en remojo’ o simplemente se perimen. Un ejemplo claro es la modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social, que es un verdadero ‘dolor de cabeza’ para muchos. Desde el 2020 hasta la fecha, se han depositado un viaje de casi veinte piezas legislativas relacionadas con esta ley, y todas terminan en el limbo o en proceso de estudio eterno. ¿Será que no hay la misma voluntad política o que los intereses en juego son otra ‘cosa del otro mundo’? El ‘tigueraje’ de la gente que espera por esos cambios fundamentales siente la indiferencia del sistema.
Este contraste en la velocidad legislativa no es un asunto menor; revela una dinámica preocupante en nuestra política. Cuando se trata de aumentar impuestos, la maquinaria se engrana ‘de una vez’, pero cuando es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o para reformas estructurales que no tienen un impacto fiscal inmediato, la cosa ‘se pone lenta como una carreta’. Esto nos lleva a cuestionar los verdaderos incentivos detrás de la agenda legislativa y cómo se priorizan los temas en el hemiciclo. No es un secreto que la presión del Ejecutivo y la urgencia percibida por ciertos sectores empresariales pueden acelerar cualquier proceso, mientras que las demandas sociales muchas veces se quedan en el aire.
Los primeros seis meses de este 2026 han visto al presidente Abinader promulgar once leyes, pero la Ley Anticrisis es la única que ha gozado de esa velocidad supersónica. Las demás, incluyendo designaciones de calles y edificios, tardan semanas y hasta meses en ser votadas y promulgadas. Por ejemplo, la Ley 8-26, que nombra un tramo de carretera en El Seibo, tardó casi un año en ser aprobada por la Cámara de Diputados después de ser depositada. Lo mismo pasa con la ley que crea la DNI, que se tomó casi once meses. Parece que, para ciertas ‘cherchas’ legislativas, el tiempo es elástico, pero cuando el Estado necesita ‘cuartos’, la cosa ‘está de lo más bien’ para poner el pie en el acelerador.
El pueblo dominicano, ese que ‘jala el coche’ todos los días, observa con cierto escepticismo cómo se manejan estas prioridades. Asegún la gente, la falta de una agenda legislativa coherente y el ‘relajo’ en los tiempos de aprobación no solo afectan la eficiencia del Estado, sino que también erosionan la confianza en las instituciones. Es una ‘vaina’ complicada, donde la agilidad para lo que conviene choca de frente con la lentitud para lo que el país realmente necesita. Urge una reflexión sobre el compromiso de nuestros legisladores con la transparencia y la equidad en el proceso de creación de leyes.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
