¡Atención, gente! Una ‘vaina’ bien seria se ha cocinado en el Tribunal Constitucional y le ha puesto la lupa al nuevo Código Penal. Los comunicadores Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, conocidos por su trabajo en la plataforma Somos Pueblo, han incoado una acción directa de inconstitucionalidad. ¿Por qué el relajo? Asegún ellos, varios artículos de la Ley Orgánica 74-25, la que instituye el nuevo Código Penal, están de una vez chocando con el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información. Esto no es chercha, es un tema de derechos que nos toca a todos los dominicanos y que nos tiene a la expectativa.
La movida legal no es moco de pavo, señores. Los artículos bajo fuego son el 192, 208, 209, 210, 211 y el 310. ¿Cuál es el problema con estos? Pues, el artículo 208, por ejemplo, mete penas de dos a cinco años por difamación, y el 209 la sube de cinco a diez años de prisión si la vaina se considera extorsiva. ¡Ustedes saben qué es eso! Es un viaje de tiempo en el botellón por algo que en otros lados se resuelve con una multa o una indemnización. Es como si quisieran meterle un freno de mano al ‘tigueraje’ periodístico que busca la verdad y fiscaliza el poder.
Y es que, si lo vemos con los lentes de los estándares internacionales, estas penas suenan a disparate, a algo que no está de lo más bien. La argumentación de los abogados Pedro Virginio Balbuena y Francisco Alejandro Aristy es clara: el daño al honor se debe reparar por la vía civil, no metiendo a la gente presa. Si un periodista, o cualquier ciudadano, se siente cohibido de investigar o de emitir una opinión por miedo a ir preso, la democracia se va a pique. ¡Ahí se le quita la ‘sazón’ a la participación ciudadana y se le pone más fácil la vaina a la corrupción administrativa!
Otro punto flaco que señalan es la redacción del artículo 211. Dicen que esta normativa omite incorporar vainas importantes como la ‘prueba de la verdad’ (o ‘exceptio veritatis’, para los que saben de leyes), ni protege el error razonable del periodista o la debida protección reforzada a los juicios de valor de la ciudadanía. O sea, si un periodista se equivoca, aunque sea de buena fe, ¿va preso de una vez? Y ni hablar de la ambigüedad en conceptos como injuria, ultraje o difusión de imágenes sin consentimiento. ¿Qué es ‘expresiones afrentosas’ o ‘contrarias a la dignidad’? Eso suena a un relajo que se puede usar para callar a cualquiera, sin un criterio claro. ¡Una ‘guagua’ sin frenos en mano de quien quiera abusar!
Esta acción de inconstitucionalidad no es solo por los comunicadores; es una defensa de la democracia dominicana en su conjunto. Cuando se limitan las herramientas para fiscalizar el poder, para denunciar lo mal hecho, se abre la puerta a que ciertos ‘bacanos’ hagan lo que les dé la gana sin rendir cuentas. La libertad de expresión es el pulmón de la sociedad, y si le ponen un bozal, el pueblo entero siente el ahogo. Es hora de que el Tribunal Constitucional le dé un palo a esta ‘vaina’ y ponga las cosas en su sitio, garantizando que el derecho a hablar y a informar esté bien blindado en nuestra Constitución.
La expectación es grande, ya que la decisión del Tribunal Constitucional marcará un antes y un después en la forma en que los dominicanos pueden expresarse. ¡Ojalá y la justicia se imponga por el bien de nuestra joven democracia!Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
