¡Mi gente! La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) está con la antena bien puesta por el reciente aumento de impuestos a las transferencias electrónicas y la emisión de cheques, que pasó de un 0.15% a un 0.20%. Mario Pujols, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, ha tirado la voz de alerta, señalando que esta vaina impacta de una vez en los costos operativos, tanto para las personas como para las empresas, y lo que es peor, podría echarnos para atrás en la bancarización del país.
La preocupación principal es que esta movida desincentive el uso de los pagos digitales y empuje a la gente, y a las empresas también, a volver al efectivo. ¡Imagínense! En un mundo que va hacia lo electrónico, que aquí en el patio estemos pensando en retroceder al dinero en mano, es como un coro de bachata que se pone en pausa. Eso tiene implicaciones serias para la formalización de la economía, ya que el tigueraje de la informalidad siempre busca el efectivo para no dejar rastro, afectando la recaudación y la transparencia económica que tanto nos hace falta.
Un ejemplo que tiene a todo el mundo con los pelos de punta son los detallistas de combustibles. A raíz de este incremento y las comisiones bancarias por el uso de tarjetas, varios gremios del sector han soltado la bomba de que quizás dejarán de aceptar tarjetas de crédito. ¡Concho! ¿Se imaginan ir a echarle gasolina a la guagua y tener que pagar solo en efectivo? Eso sería un chulazo para el consumidor y un dolor de cabeza, obligando a andar con un viaje de efectivo encima y aumentando los riesgos de seguridad.
En las economías modernas, compadre, el uso de pagos electrónicos y tarjetas de crédito es la base. Dar un paso para atrás en este aspecto, especialmente en un sector tan vital como el de los combustibles, es algo que debe prendernos las alarmas y ser objeto de discusión a fondo por parte de las autoridades y los gremios pertinentes. El mundo avanza hacia lo digital y nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos en la prehistoria, por así decirlo. La conveniencia, la seguridad y la trazabilidad de los pagos electrónicos son pilares para un desarrollo económico sólido.
Este incremento del impuesto, que se enmarca en la Ley 30-26, conocida como la reforma fiscal, busca fortalecer las arcas del Estado. Pero, ¿a qué costo? Es fundamental que se evalúe bien si el beneficio de una mayor recaudación justifica el potencial daño a la formalización y a la dinámica de una economía que aspira a ser más moderna y eficiente. Hay que buscar un balance, mi hermano, porque si nos ponemos a inventar mucho, podemos desincentivar el progreso que tanto hemos luchado por conseguir en el ámbito financiero.
En fin, la AIRD está pidiendo que le demos seguimiento a esta vaina con lupa. Las autoridades, junto a los sectores involucrados, tienen que sentarse a buscarle una solución que sea bacana para todos, que no nos empuje a echar un pie para atrás y que mantenga el rumbo hacia una economía más digitalizada y transparente. Porque al final del día, lo que queremos es que el país esté de lo más bien y que todos podamos prosperar sin estos tranques.
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