El nuevo Código Penal de la República Dominicana ha generado un intenso debate, y según el Dr. Renberto Pichardo, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción, este conjunto de leyes representa un paso hacia una dictadura. El Dr. Pichardo, en una intervención detallada, ha expuesto una serie de argumentos que señalan un plan para silenciar a la oposición y consolidar el poder del grupo gobernante.
El Control del Tribunal Constitucional: La Clave del Poder
El Dr. Pichardo argumenta que el control sobre el Tribunal Constitucional es la pieza central de este plan. Este órgano, con la potestad de anular decisiones del poder Ejecutivo y del Congreso, se ha convertido en una herramienta para que el Estado actúe sin limitaciones. La reciente designación de Napoleón Esteve, vinculado a la firma legal que supuestamente gestiona el poder judicial para el ejecutivo, es vista por Pichardo como una prueba de esta estrategia para manipular las instituciones.
Leyes Polémicas: Un Código Penal para Criminalizar a la Población
El análisis del Dr. Pichardo se centra en varios artículos del nuevo código que, según él, están diseñados para reprimir la libertad de expresión y la denuncia de actos de corrupción:
- Artículo 192 (Difusión de imágenes sin consentimiento): Esta ley sanciona la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, incluso con penas de prisión. Pichardo afirma que esto podría utilizarse para penalizar la sátira y el uso de imágenes de funcionarios públicos, afectando directamente a los medios de comunicación y a la crítica social.
- Artículo 208 (Difamación): El Dr. Pichardo advierte que este artículo, que sanciona la imputación de un hecho que afecte el honor de una persona, es particularmente peligroso. Argumenta que el artículo no exige que la imputación sea falsa, lo que abre la puerta a penalizar a quienes presenten pruebas de corrupción, ya que el simple hecho de denunciarlo podría ser considerado un crimen.
- Artículo 209 (Difamación extorsiva): Considerado por Pichardo como una amenaza directa a la protesta social, este artículo sanciona a quienes utilicen la imputación pública para obtener un beneficio. El Dr. Pichardo señala que esto podría aplicarse a cualquier demanda social, incluso si es legítima y verdadera, criminalizando la presión ciudadana por el cambio.
- Artículo 310 (Ultraje): Este artículo sanciona gestos o comentarios no públicos que ofendan la dignidad de un funcionario. El Dr. Pichardo sugiere que esta ley podría ser utilizada para extorsionar a las personas, ya que las acusaciones no requieren pruebas públicas para ser consideradas válidas.
Una “Dictadura Compartida” y el Silencio de la Oposición
El Dr. Pichardo califica esta situación como una “dictadura compartida”, ya que, según él, los partidos de oposición y el sector empresarial también están involucrados. Argumenta que los partidos opositores son cómplices del gobierno y que la abstención electoral masiva refleja la desilusión de la población ante este “teatro” político. En su opinión, el objetivo final de estas leyes es silenciar a la oposición en las redes sociales y otros espacios para que el grupo en el poder pueda seguir beneficiándose del erario público.
La Obligación de Denunciar
A pesar de los desafíos, el Dr. Pichardo enfatiza la importancia de la denuncia ciudadana. Menciona una solicitud de investigación sobre el paradero de más de 17,000 millones de dólares en préstamos, demostrando que los ciudadanos tienen la obligación constitucional de velar por el patrimonio público. Concluye que, a pesar del nuevo Código Penal, la ciudadanía debe seguir denunciando, y que las denuncias responsables no deberían ser objeto de penalización.
Aquí está el video del doctor Reemberto Pichardo Juan en el programa “La 5ta Pata”
