¡Ay, mi gente! La reciente Ley 30-26 ha caído como un palo en el sector de casinos y bancas de apuestas aquí en el patio. La vaina es que, con la intención de llenarle los bolsillos al Estado con unos RD$40 mil a RD$50 mil millones adicionales, esta nueva carga impositiva le está metiendo un brinco a los impuestos de hasta un 243% en algunos casos. Y, como advierte la abogada Laritza Ferreiras Fernández, experta en cumplimiento, esta jugada podría darle un golpe bien fuerte a la tan necesaria `formalización de casinos` y bancas que tanto trabajo ha costado lograr en los últimos años.
El principal miedo es que, con una carga fiscal tan pesada de repente, un viaje de operadores que apenas están intentando ponerse al día con los requisitos regulatorios decidan volver a la informalidad. O peor, que los que ya están en el sistema formal, se sientan tan ahogados que se vean obligados a buscar atajos. La verdad es que, históricamente, el juego ha sido un sector con sus bemoles en el país, y sacar a la luz a los que operan en la sombra es un desafío constante que requiere incentivos, no solo ‘apretar la tuerca’.
Y la ‘vaina’ no es solo de impuestos, ¿oíste? La formalización de este sector es crucial para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Si un casino o una banca de apuestas opera bajo el radar, se convierte en un colador perfecto para que la mala maña blanquee dinero sin ningún tipo de control. La República Dominicana, como miembro de organismos internacionales como GAFILAT, tiene el compromiso de fortalecer sus sistemas antilavado, y mantener a raya la informalidad en el juego es una pieza clave en ese rompecabezas.
Precisamente por esto, las autoridades, en especial la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, han estado fajadas de lo lindo. Han implementado la Resolución 217-2025, que exige capacitación y transparencia a todo el que participa en este lío. Y no se quedan ahí, ¡klk!, están hasta cocinando una alianza con la Florida International Bankers Association (FIBA) para traer un programa de certificación antilavado hecho a la medida para el mercado dominicano. Todo eso para limpiar el sector y ponerlo ‘jevi’, no para que ahora venga una ley y le dé un ‘jarazo’.
Desde la perspectiva de los operadores, sobre todo de las bancas más pequeñas que a veces son el sustento de una familia, un aumento tan drástico puede ser una sentencia. Se han estado esforzando por cumplir, invirtiendo en sistemas, capacitación y adaptándose a las normativas. Meterles un 243% de golpe, es como quitarles el aire. La abogada Ferreiras enfatiza que debe haber un equilibrio; no se puede buscar recaudar a toda costa si eso significa echar por tierra la sostenibilidad de las empresas que están bregando por hacer las cosas bien. Es una ‘chercha’ que podría salir cara a la larga.
La propuesta de un incremento gradual y escalonado de los impuestos, tal como sugiere la especialista, parece una salida más sensata. De esta forma, las empresas tendrían tiempo para ajustarse, para planificar y para seguir en el camino de la formalidad sin sentir que les están dando un ‘macanazo’. Es mejor una gallina que ponga huevos todos los días, que matarla para sacar todos los huevos de una vez y quedarse sin nada para mañana. Así se asegura que el sector siga aportando al fisco y, a la vez, se mantiene bajo control para evitar desvíos.
En resumidas cuentas, la Ley 30-26, aunque busca fortalecer la economía del país en medio de una crisis internacional, tiene que mirar con lupa cómo impacta a este sector tan delicado. La credibilidad del país en la lucha contra el lavado de activos y la estabilidad económica a largo plazo dependen en gran medida de tener un sector de juegos de azar formalizado y transparente. No es solo un asunto de ‘cuartos’, es una cuestión de imagen y de futuro para la República Dominicana. Hay que pensárselo bien para que la ‘vaina’ no se nos vire.
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