El Gobierno Dominicano ha decidido coger el toro por los cuernos, o mejor dicho, la sierra por el mango. Con la emisión del decreto 615-26, le ha declarado la guerra al ‘terrorismo medioambiental’ de una vez y por todas. Según la noticia, se acabó el relajo con la destrucción de nuestros parques nacionales y recursos naturales. El Presidente Abinader ha dejado claro que la vaina va en serio y que no habrá piedad para nadie, sea de aquí o de donde sea, que se atreva a meterle mano a lo nuestro.
Desde el Palacio Nacional, Abinader no se anduvo con rodeos, catalogando como actos de ‘terrorismo medioambiental’ cualquier daño o desaparición sistemática a nuestras áreas protegidas. Y ojo, que la cosa se puso ‘prieta’ para los infractores. El nuevo Código Penal, en su artículo 85, numeral 37, contempla penas de hasta 30 o 40 años de canasta para quien cause estragos extensos, duraderos y graves a nuestros recursos naturales y al medioambiente. Eso es un palo bien dado que busca sentar un precedente.
El mandatario fue enfático al señalar que, aunque se ha identificado a nacionales haitianos provocando incendios, en muchos casos, estos eran enviados por dominicanos. Por lo tanto, el ‘tigueraje’ ambiental será perseguido por igual para ambos lados, sin distinción. Abinader ha instruido directamente a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración para que persigan activamente a todo el que ande en eso, dejando claro que aquí, el que la hace, la paga, y que el Gobierno no se anda con rodeos.
Esta medida drástica viene como respuesta a las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas que han provocado las intervenciones ilegales en las áreas protegidas. Un incendio forestal no solo quema árboles; destruye nuestras fuentes de agua, la biodiversidad, afecta negativamente la actividad turística y, en fin, la calidad de vida de la población. Es un ‘viaje de’ problemas que nos afecta a todos como nación.
El decreto 615-26 eleva la lucha contra el ‘terrorismo medioambiental’ a un tema de seguridad nacional y prioridad estratégica para el país. Según la información, esto significa que la cosa no es ‘chercha’. Se aplicarán los mecanismos establecidos en la Ley 267-08, sobre Terrorismo, a quienes atenten contra nuestros recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas. Es una señal clara de que el Estado va con todo para proteger su patrimonio natural.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, también señaló que el decreto refuerza las acciones contra la extracción ilegal de arena y otros materiales de nuestros ríos. Esta práctica, que hace un daño tremendo a las fuentes de agua y los ecosistemas, será combatida con mayor vigilancia por parte del Ministerio, en coordinación con las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, para impedir que esa gente que se cree ‘viva’ siga ‘jodiéndolo’ todo.
El mensaje del Gobierno es contundente y no deja lugar a dudas: no hay vuelta atrás. Las sanciones anunciadas buscan ser un elemento disuasorio, pero si eso no basta, las autoridades están preparadas para hacer cumplir el decreto y las disposiciones del nuevo Código Penal. Que nadie se equivoque, aquí se va a defender lo nuestro ‘con uñas y dientes’. Así que, los que estaban en eso, ¡estén ‘alante’!Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
