¡Atención, mi gente! El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) se ha plantado firme ante la presión y ha rechazado de una vez el pago de unos US$5 millones a un consorcio. Aseguún la institución, la sentencia que busca indemnizar a Mendes Junior-Méndez Cabral por unos terrenos en el antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera todavía no es definitiva y está en las manos de la Suprema Corte de Justicia. Este ‘lío’ legal tiene a más de uno con el ojo puesto, ya que el Banco Central defiende a capa y espada que ellos cumplieron con su parte del trato.
La raíz de esta ‘vaina’ se remonta a agosto de 2004, cuando el Banco Central transfirió derechos sobre 5,000 metros cuadrados de terreno al consorcio. Esta movida fue parte de un mecanismo que el Estado usó para saldar deudas que tenía con las empresas que trabajaron en la ampliación de la Autopista Duarte. Es decir, fue un acuerdo para saldar un chelito viejo, y ahora el tema de los terrenos ha vuelto a encender los ánimos.
El Banco Central asegura que, por su lado, todo está en regla. Dicen que entregaron el certificado de título al consorcio como se había acordado, lo que les permitió registrar la porción de terreno a su nombre. El propio contrato, según el BCRD, establecía que el consorcio era el encargado de hacer los deslindes y la subdivisión para individualizar el terreno. ¡Cada quien con su trabajo, asegún ellos!
Pero, ¿dónde se armó el ‘coro’? El problema surgió cuando el consorcio alegó que no había podido tomar posesión de la propiedad. ¿La razón? Otros contratistas habían hecho deslindes dentro de la misma parcela antes, creando un enredo en la ubicación y disponibilidad del terreno. ¡Una situación que cualquiera diría que es para ‘volverse loco’!
Antes de que este nuevo ‘pleito’ llegara a la Corte de Apelación, el consorcio había intentado anular esos deslindes previos. Sin embargo, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central declaró inadmisible esa acción, y esa decisión fue confirmada en las instancias siguientes. O sea, ese intento inicial de arreglar la cosa por ahí no le funcionó.
Fue en junio de 2017 cuando el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral decidió cambiar la estrategia y entabló una nueva demanda. Esta vez, lo que buscaban era rescindir el contrato de dación en pago y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Y, para su suerte, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional falló a su favor, poniendo la ‘cosa buena’ para ellos.
Pero el Banco Central no se ha quedado tranquilo y ha dicho que esa decisión de la Corte de Apelación ¡no es definitiva! Argumentan que recurrieron en casación ante la Suprema Corte de Justicia, y que hasta podrían haber otras vías de revisión, como el Tribunal Constitucional, dependiendo de cómo termine el proceso. ¡Así que la última palabra, como quien dice, todavía no se ha dicho!
Además, el Banco Central ha criticado el ‘tigueraje’ de intentar ejecutar la decisión mediante embargos retentivos. Para ellos, es un intento de cobrar una sentencia que aún puede ser modificada o anulada. ¡Un ‘apuro’ que no les ha caído nada bien, y lo han dejado claro!
Para reforzar su posición, el BCRD citó un informe de verificación técnico-catastral del 6 de marzo de 2026. Este informe, según el comunicado, determina que el consorcio sigue siendo el propietario de los 5,000 metros cuadrados y, más importante aún, ¡que el terreno sigue estando disponible! Esto contradice, en parte, el argumento del consorcio sobre la imposibilidad de posesión.
La institución también tiró un ‘puyazo’ a la estrategia de presión en los medios y redes sociales, considerándola una forma de presentar el caso como si ya hubiera un crédito firme en su contra. El Banco Central insiste en que los tribunales deben ponderar todas las pruebas, incluyendo el informe técnico que, según ellos, no fue tomado en cuenta por la Corte de Apelación. La expectativa es que la Suprema Corte de Justicia tenga la ‘última palabra’ y decida si el Banco Central tiene o no que soltar esos US$5 millones. ¡Qué chismecito, eh!
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