¡Ay, mi madre! La cosa se está poniendo más ‘chula’ de lo que parecía en el caso de la recién nacida que, lamentablemente, fue trasladada a Haití junto a su madre adolescente. Lo que en principio era un debate sobre la filiación y la nacionalidad, ha tomado un giro inesperado. Según el reporte, el hombre dominicano de 25 años que sostiene ser el padre podría quedar sujeto a una investigación penal. La razón principal es la edad de la joven madre, que cuenta con apenas 16 años, una diferencia de nueve años con el presunto padre. Este ‘lío’ legal, si bien no implica una condena automática, levanta un ‘tollo’ de interrogantes sobre las relaciones entre adultos y menores en el país, especialmente con la niña nacida el 24 de agosto de 2026 en el centro de esta compleja ‘vaina’.
Aquí entra en juego el famoso artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley, que es como la ‘biblia’ para proteger a los más pequeños, contempla como abuso sexual la práctica sexual de un adulto o de una persona con cinco años o más de diferencia de edad, con un niño, niña o adolescente para su gratificación sexual. O sea, si la relación se dio bajo esas condiciones de diferencia de edad, ya se armó un ‘berenjenal’. Los tribunales dominicanos han aplicado esta normativa en un ‘viaje’ de procesos relacionados con relaciones sexuales entre adultos y menores, demostrando que no es una ‘vaina’ de relajo y que el ‘tigueraje’ tiene límites claros.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), una institución clave en la protección de nuestros menores, también ha sido enfático. En diversas ocasiones, CONANI ha sostenido públicamente que las relaciones sexuales entre un adulto y una persona menor de edad pueden quedar comprendidas dentro de lo que establece el mencionado artículo 396 de la Ley 136-03. Esto refuerza que las autoridades están atentas a cualquier señal de vulneración de derechos, y que el ‘corre corre’ de la justicia se activa cuando hay indicios de que la ley, diseñada para proteger a los más vulnerables, pudo haber sido quebrantada.
No obstante, y es bueno repetirlo para que no haya confusiones, el hecho de que la ley contemple esta posibilidad no significa que el hombre deba ser automáticamente procesado o condenado. La normativa requiere que los hechos específicos sean debidamente investigados por las autoridades competentes. La diferencia de edad y el nacimiento de la bebé, por sí solos, no equivalen a una condena ni sustituyen la presentación de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público. Es decir, hay que investigar a fondo, como dice el pueblo, ‘con lupa’, para determinar si hubo o no un delito, y no hacer un ‘salcocho’ de suposiciones.
Este caso nos recuerda la importancia crucial de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. El contexto de la expulsión a Haití añade otra capa de complejidad a una situación ya delicada, donde se entrelazan temas migratorios, derechos humanos y la protección de menores. Es un ‘ejemplo claro’ de cómo la sociedad debe estar vigilante y cómo el sistema de justicia tiene la responsabilidad de actuar con la seriedad y el rigor que cada caso amerita, especialmente cuando se trata de los más vulnerables en nuestra sociedad. Manténganse ‘alante’ para ver cómo se desarrolla esta situación que tiene a muchos con el ‘ojo puesto’.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
