Un ‘lío’ Migratorio: Fallo gringo pone en jaque acuerdos de traslados con RD

Mira qué ‘vaina’ se ha armao con un reciente fallo judicial en Estados Unidos, que ha puesto los acuerdos de traslados de migrantes con la República Dominicana en el ojo del huracán. La decisión de un tribunal federal de apelaciones allá ha levantado un viaje de interrogantes sobre cómo se seguirá aplicando ese memorándum que permite traer extranjeros pa’l patio. Según la noticia, ya van nueve personas que han entrao al país bajo ese mecanismo, y ¡ay madre!, varias de ellas ya han cogido su camino. Pero el ‘corre-corre’ es que no se sabe si esa gente estaba amparada por la protección del dichoso fallo.

Todo este ‘ajetreo’ arrancó el 18 de septiembre, cuando el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos le dio un ‘palo’ a la política del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Los jueces sentenciaron que es ilegal deportar gente a países que no fueron los que se identificaron en sus procesos migratorios sin antes darles un aviso claro del destino y la oportunidad de alegar que podrían sufrir una persecución o una tortura. No es que prohibieran todas las deportaciones a terceros países, ¡ni que se volvieran locos!, ni que invalidaran los acuerdos, no señor; la vaina es que tienen que hacerla bien, como manda la ley.

Y es ahí donde el asunto se pone más ‘complicú’ para el caso dominicano. Aseguún la noticia, que la República Dominicana acepte a una persona no quiere decir que Estados Unidos se libere de cumplir con los requisitos legales de su propia salida. Si el traslado de alguien se hace sin esas garantías que pide la sentencia y esa persona está protegida por ella, entonces el ‘problema jurídico’ lo tienen las autoridades gringas, aunque nuestro memorándum bilateral siga ahí, ‘de lo más bien’, sin romperse. Es decir, la responsabilidad es de ellos, no nuestra, si no lo hacen por la vía legal.

Nuestra Cancillería, cuando presentó este acuerdo en mayo, lo pintó como un mecanismo de tránsito temporal, una especie de ‘puente’ para esa gente. El canciller Roberto Álvarez, según el reporte, explicó en su momento que se recibiría a personas que no hubieran pisado el sistema migratorio estadounidense y que se devolverían a sus países de origen en cuestión de días. Además, afirmó que este memorándum no es vinculante, que cualquiera de las partes podía ponerle fin cuando quisiera y que excluía a haitianos, menores solos y a los que tenían antecedentes penales. Un ‘tigueraje’ para mantener el control, según lo que nos dijeron.

Pero ahí está la ‘piedra en el zapato’: esta descripción oficial de la Cancillería dominicana difiere un poco del ‘litigio’ que se armó en Estados Unidos, el cual se centra en personas que ya tienen órdenes de deportación firmes. Por eso, no se puede llegar a la conclusión, así ‘de una vez’, de que la sentencia haya parado en seco el mecanismo con la República Dominicana. Pero tampoco basta con decir que es un ‘tránsito’ para que todo esté chulo y sin problemas legales. Aquí lo que importa es la situación migratoria de cada ‘ser humano’, las condiciones en que los mueven y pa’ dónde es que van a terminar de una vez por todas. La transparencia y el apego a la ley deben ser el norte.

En resumen, este fallo ha abierto una ‘caja de Pandora’ sobre cómo se gestionan estas deportaciones. Aunque el acuerdo dominicano-estadounidense siga formalmente vigente, la práctica deberá ajustarse a lo que dictaminó el tribunal gringo para evitar mayores ‘líos’. Será interesante ver cómo las autoridades de ambos países, especialmente las nuestras, ajustan el paso para garantizar que estos traslados se hagan sin violar los derechos de nadie, manteniendo la ‘calma’ en este asunto tan delicado y asegurando que cada ‘paso’ se dé con la ley en la mano. La cosa está para ‘sentarse y ver’ cómo se desenlaza.

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