¡Qué ‘vaina’ con la Fiscalía del Distrito Nacional! Otra vez se encuentran en un ‘lío’ monumental, condenados a soltar un ‘viaje de’ cuartos por no devolver unos Bienes Incautados a sus dueños legítimos. Según la noticia, el Tribunal Constitucional (TC) tuvo que meter su mano de nuevo, aplicando una sanción millonaria que ya va por los 630,000 pesos y sigue en aumento. Esto no es solo una multa; es un llamado de atención serio a la forma en que se manejan las cosas por aquí, evidenciando una resistencia a acatar las órdenes judiciales.
El caso que ha destapado este más reciente ‘bochinche’ es el de Omar Domingo Montilla Silverio. Sus pertenencias, que incluyen desde relojes y prendas hasta 66,047 pesos dominicanos y 25,062 dólares, fueron ocupadas en un allanamiento en 2019, durante una investigación de narcotráfico y lavado de activos. A pesar de que Montilla no figuraba como parte del proceso, la Fiscalía, según el reporte, se hizo la ‘loca’ y no devolvió sus bienes, obligando al TC a intervenir en noviembre de 2025. El atraso ya suma 126 días, y a 5,000 pesos diarios, la cuenta va subiendo como la espuma, lo que el mismo Tribunal calificó como una conducta reticente, pues no encontró pruebas de cumplimiento.
Pero Montilla no es el único en esta historia de reclamos. El TC también tuvo que intervenir en otro caso, ordenando a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía del Distrito Nacional la devolución de una pistola. Este arma había sido retenida desde el 2017 tras una denuncia de violencia de género e intrafamiliar. Lo ‘chulo’ del asunto es que, según el reporte, la Fiscalía negó la devolución en aquel entonces, y el tribunal, ante la falta de pruebas de un proceso penal activo o una medida de coerción que justificara mantenerla bajo custodia, tuvo que actuar de oficio.
Para asegurarse de que esta ‘vaina’ se resuelva, la devolución del arma no será un proceso sencillo. La noticia detalla que el Ministerio de Interior y Policía será el encargado de verificar que el propietario cumpla con todos los requisitos para obtener la licencia. La PGR y la Fiscalía tienen un plazo de un mes para entregar el arma a este ministerio. Si incumplen este plazo, ¡ay, mamá!, les espera otra sanción, esta vez de 1,000 pesos por cada día de retraso. Interior y Policía, por su lado, dispondrá de hasta tres meses para completar la verificación una vez que reciba la pistola.
Esta situación, lamentablemente, no es un caso aislado, según la información. Se suma a un patrón de incumplimiento que, según la noticia, ya ha generado otras sanciones. Por ejemplo, en julio pasado, una jueza le ordenó a la PGR pagar más de 7.5 millones de pesos a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien es mencionado como imputado en el caso Intrant, porque aún no le habían devuelto un celular Samsung incautado. Estos ‘líos’ judiciales están poniendo en entredicho la agilidad y la eficacia de la justicia dominicana, generando un ‘bonche’ de desconfianza.
El ‘tigueraje’ de a pie, el ciudadano común, se pregunta qué está pasando con la justicia en el país. ¿Cómo es posible que las mismas instituciones encargadas de velar por la ley y el orden sean las que, de manera recurrente, incumplen las órdenes de los tribunales? Este tipo de situaciones generan desconfianza y hacen pensar que la ‘vaina’ se mueve a diferentes velocidades dependiendo de quién esté involucrado. Es hora de que se ponga el ‘pie en el acelerador’ y se garantice el cumplimiento de las decisiones judiciales de una vez y por todas, para que la credibilidad institucional no se vaya a ‘pique’.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
