Desde la República Dominicana, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) ha dado su espaldarazo a un proyecto de ley que promete cambiar el panorama de la salud pública en el país. Se trata de la propuesta del Poder Ejecutivo para convertir la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) en un ente público descentralizado, lo que, según INFADOMI, es una ‘vaina’ necesaria para blindar la salud de la población y darle un ‘chance’ de peso a la industria local.
Esta iniciativa no es de ahora, señores; el fortalecimiento institucional y la autonomía de **DIGEMAPS** han sido un anhelo constante de la industria farmacéutica dominicana durante los últimos seis años. El sentir es claro: el país necesita una autoridad reguladora que tenga la capacidad técnica, los recursos a la mano y la autonomía operativa para meterle el pecho a sus funciones de vigilancia, evaluación y control sanitario con la altura que se merece, asegurando que todo lo que consumimos esté de lo más bien.
Es importante destacar que la jurisdicción de DIGEMAPS va más allá de los medicamentos; hablamos también de los alimentos y bebidas que uno se zampa, los dispositivos médicos que se usan, y hasta los cosméticos y productos de higiene personal y del hogar. Esto la convierte en la institución que cuida una buena parte de lo que cada dominicano usa y consume día a día, o sea, ¡un trabajo de ‘tigueraje’ puro!
Patricia Mena Sturla, quien es la presidenta Ejecutiva de INFADOMI, ha sido enfática al recalcar que fortalecer DIGEMAPS no es relajar los controles, ¡ni de relajo! Es todo lo contrario: es asegurarse de tener una autoridad reguladora más robusta, con personal más capacitado y los recursos suficientes para que todo producto que llegue a nuestros pacientes cumpla con los estándares de calidad y seguridad que la nación exige. Es ponerle ‘el ojo’ bien puesto a todo.
Mena ha insistido en que una regulación sanitaria sólida beneficia a todos: a los pacientes, al sistema de salud y, por supuesto, a las empresas que cumplen con todos los estándares. Para ella, es un paso que han apoyado por años porque una DIGEMAPS con ‘músculos’ protege mejor a la gente, genera más confianza en el mercado y abre las puertas para que la industria farmacéutica dominicana pueda competir con más oportunidades en los mercados internacionales, poniendo el nombre del país en alto.
El proyecto también contempla una autonomía financiera que permitirá a la institución manejar los recursos que ella misma genere. Imagínense el ‘cambio’ que esto representa para fortalecer áreas críticas como la infraestructura tecnológica, la capacidad de inspección, los laboratorios y los procesos de evaluación y registro sanitario. Es darle la independencia necesaria para que no haya que estar pidiendo ‘monedas’ para hacer su ‘vaina’ de manera eficiente.
Un DIGEMAPS fortalecido también podría encaminar a la República Dominicana hacia el reconocimiento de su autoridad sanitaria por organismos de peso como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este reconocimiento es ‘clave’ porque facilitaría que las certificaciones y evaluaciones hechas aquí sean tomadas en serio en otros mercados, abriendo un ‘camino’ de oportunidades para nuestros productos.
La industria farmacéutica dominicana, que abastece alrededor del 70% del consumo privado de medicamentos y ha invertido más de US$300 millones en los últimos cinco años, aspira a exportar más allá del 15% actual de su producción. Con una autoridad sanitaria más robusta, el Estado también tendrá más herramientas para combatir los medicamentos falsificados o de baja calidad y el comercio ilícito, garantizando un juego ‘limpio’ para todos, tanto fabricantes locales como importadores.
INFADOMI ha valorado de ‘jevi’ el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados sobre la creación de una comisión especial para estudiar este proyecto y buscar consensos. Manifiestan su disposición total a participar en el proceso legislativo, aportando todas las observaciones técnicas posibles para que la ley final sea sólida, coherente y que se pueda aplicar sin contratiempos, para el bien de nuestra ‘gente’.
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