Cayó en el ‘lío’: Condenado a 10 años por delitos sexuales finalmente arrestado

¡La vaina se puso seria! En un giro que reafirma el compromiso con la justicia, el Ministerio Público, a través de su Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), arrestó este martes a Henry Arturo Almonte García. Este ciudadano, sobre quien pesaba una condena de 10 años de prisión, había sido declarado culpable de incurrir en graves ‘delitos sexuales’ contra una menor de edad. Este arresto marca un punto crucial en el proceso judicial, enviando un mensaje claro a aquellos que pretenden evadir la ley en nuestro patio.

El operativo se desarrolló en la concurrida intersección de la avenida John F. Kennedy con la calle Defilló, en el corazón del Distrito Nacional. La diligencia, liderada por la fiscal Andry De Los Santos al frente de Ucaprec, demostró una vez más la capacidad y persistencia de las autoridades para dar con el paradero de los prófugos. Mucha gente se cree que el tigueraje de esconderse les va a funcionar, pero la realidad es que la justicia dominicana, aunque lenta, no duerme y tarde o temprano, le pone la mano a quien debe.

La Ucaprec ejecutó esta orden de arresto en virtud de una sentencia que ya no admitía discusión: la núm. SCJ-SS-26-1310, emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Esta alta corte desestimó un recurso de casación que el procesado había interpuesto, confirmando así la condena inicial que le impuso la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Eso es lo que se dice un caso amarrado y bien fundamentado desde el principio.

Con esta decisión de la Suprema Corte, quedó más que ratificada la sentencia núm. 502-01-2026-SSEN-00036, dictada previamente por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 24 de abril de 2026. Esta, a su vez, había confirmado la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. En pocas palabras, la condena de 10 años de prisión y el pago de las costas penales quedaron irrevocables, tras declararlo culpable de abuso sexual y psicológico, crímenes que han dejado a la menor víctima con secuelas profundas y para nada chulas.

La condena de Almonte García no es una vaina ligera; fue dictada por la violación de múltiples artículos de nuestro antiguo Código Penal dominicano y, lo más importante, de la Ley núm. 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta legislación busca salvaguardar a los más vulnerables de nuestra sociedad, y casos como este resaltan la importancia de aplicarla con todo el rigor para que se respete el bienestar de los jóvenes en nuestro país.

Pero la cosa no paró solo en la pena de prisión. En el aspecto civil, Almonte García también fue condenado al pago de una indemnización de tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000). Este dinero, según lo estipulado, será destinado a una fundación que brinda asistencia psicológica a la víctima. Esto demuestra que la justicia no solo busca castigar, sino también ofrecer un soporte vital para la recuperación de quienes han sufrido estos atropellos.

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Yorlin L. Vásquez Castro, actuaron diligentemente al acoger la petición del Ministerio Público. Su decisión de rechazar el recurso de casación se basó en que las sentencias impugnadas contenían una exposición clara, coherente y ordenada de los hechos y el derecho, dejando sin base los argumentos de la defensa del procesado. Un ejemplo de que cuando los expedientes están bien armados, no hay quien los desbarate.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!

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