La Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, en funciones de Tribunal de Reestructuración y Liquidación, ha dictado una sentencia que tiene a muchos con la boca abierta en el país. El 4 de noviembre de 2026, mediante la sentencia núm. 975-2026-SSEN-00005, este tribunal ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Falconbridge Dominicana, S. A. (Falcondo). Esta noticia, confirmada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), marca un antes y un después para esta histórica empresa en suelo dominicano.
Asegún el reporte del FONPER, el tribunal concluyó que ya no quedaban condiciones para que la empresa continuara bajo un esquema de reestructuración. Por eso, la decisión de una liquidación judicial se aplicó conforme a lo que establece la Ley núm. 141-15, que rige este tipo de procesos. Esta vaina significa que Falcondo ahora estará bajo la lupa de la justicia, que se encargará de identificar todos sus bienes y deudas para ver cómo se va a hacer frente a las reclamaciones de todos los acreedores, todo bajo el marco legal.
Para darle forma a este proceso, el tribunal no se quedó de brazos cruzados y designó a Alis Medina como el liquidador judicial. Este bacano asumirá las riendas de la administración de Falcondo, tomando el lugar de los administradores y gerentes que estaban en función. Todo este tigueraje será supervisado de cerca por el tribunal, garantizando que el proceso sea transparente y se ejecute según lo manda la ley, sin que se dé pie a ningún relajo.
Los que tienen dinero que Falcondo les debe, tienen que ponerse activos de una vez. La ley establece un plazo de diez días hábiles y francos para que declaren formalmente sus créditos dentro del proceso judicial. Este plazo comenzará a correr desde que se publique el extracto de la sentencia en la página electrónica del Poder Judicial. Es vital que los acreedores estén con los ojos bien abiertos, porque declarar la deuda no significa que el pago es automático; cada reclamación será examinada con lupa, conforme a lo que disponga la legislación aplicable.
Históricamente, Falcondo ha sido una ficha importante en la economía dominicana. Desde sus inicios, esta empresa minera ha jugado un rol crucial, generando empleos y contribuyendo al Producto Interno Bruto del país. Aunque los detalles de su operación actual no son relevantes para este proceso, su trayectoria ha dejado una huella imborrable, siendo un referente en el sector extractivo. El impacto de su presencia se sintió en varias comunidades y sectores económicos a lo largo de los años, forjando un legado que ahora se ve transformado por esta decisión judicial.
El FONPER, que tiene la misión de representar al Estado dominicano en empresas como Falcondo, ha dejado claro que seguirá este proceso de cerca. Ellos se asegurarán de que los derechos e intereses patrimoniales del Estado estén protegidos en todo momento. Esta entidad reafirma su compromiso con el respeto a las decisiones judiciales y a la legislación vigente, actuando como un garante de los intereses públicos en esta complicada situación.
Esta liquidación judicial, sin duda, abre un capítulo nuevo y desafiante para la economía dominicana, sobre todo para el sector minero y aquellos que de una u otra forma se relacionaban con Falcondo. La esperanza está en que, aunque sea un final para la empresa tal como la conocemos, este proceso se desarrolle con la mayor pulcritud y transparencia posible, buscando el mejor resultado para todos los involucrados y sentando un precedente de cómo se manejan estos complejos escenarios en nuestra nación. Es un momento para reflexionar sobre la importancia de la gestión empresarial y el marco legal para su sostenibilidad en el tiempo.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
