El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha lanzado una advertencia clara y contundente a la comunidad médica dominicana, justo después de que se conocieran las medidas de coerción contra los 26 implicados en el sonado caso Senasa 2.0. La ‘vaina’ es sencilla, pero delicada: no hay que prestar códigos médicos bajo ninguna circunstancia, si no quieren verse arrastrados a un proceso penal de consecuencias impredecibles. Esta directriz viene a raíz de una situación que, según Camacho, pudo haberse evitado si los 22 galenos involucrados no hubieran facilitado sus credenciales.
Camacho, quien de acuerdo al reporte, dirige la persecución del Ministerio Público, enfatizó que la experiencia del caso Senasa 2.0 debe servir de lección para todos. El acto de ‘prestar códigos’, tan común en nuestro país, se ha convertido en un riesgo altísimo que puede llevar a cualquier profesional de la salud a encarar la justicia de una vez. La gravedad del asunto es tal que, de no haberse prestado esos códigos, el entramado de fraude que ahora se desmantela quizás ni hubiese existido, una reflexión que invita a la seriedad y a la reflexión sobre la ética profesional.
La advertencia del Ministerio Público no se queda solo en palabras. La noticia indica que esta situación ha motivado una campaña robusta para concientizar a los galenos sobre los peligros inherentes a esta práctica. La idea es que ningún médico dominicano, por chercha o por compromiso, caiga en el gancho de prestar un código, evitando así un coro con la ley que nadie quiere tener. Es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para proteger la integridad del sistema de salud y la reputación de sus profesionales.
De acuerdo a la noticia, las medidas de coerción fueron impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, quien dictó privación de libertad para casi todos los imputados, con la excepción de dos personas. Esta acción del sistema judicial envía un mensaje fuerte y claro de que el ‘tigueraje’ y la corrupción administrativa no quedarán impunes en el país. El despliegue de estas medidas ha sido clasificado por Camacho como “razonable”, destacando la firmeza con la que se está abordando el caso.
Entre los que tendrán que cumplir prisión preventiva en la cárcel de Las Parras, según el informe, se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación. Mientras tanto, Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, irán recluidas a Najayo Mujeres. La distribución de los implicados en distintas prisiones resalta la magnitud y el alcance de la operación llevada a cabo por las autoridades.
Un buen grupo de implicados, once en total, cumplirán prisión domiciliaria. Estos son Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán y Alberto Batista Cruz. A ellos se suman Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo, quienes también fueron beneficiados con este tipo de medida.
Otros, como José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre, recibieron medidas como impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y el pago de una garantía económica. Es evidente que el Ministerio Público ha evaluado cada caso de manera individual para aplicar la medida de coerción que consideran más adecuada, lo que demuestra la complejidad del esquema de fraude descubierto.
El caso Senasa 2.0, conocido también como Operación Senasa 2.0-A, representa la segunda fase de una profunda investigación por corrupción administrativa que ha sacudido al Seguro Nacional de Salud. El Ministerio Público persigue a una presunta red que, alegadamente, defraudó fondos públicos de un viaje de maneras, incluyendo la facturación de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de las bases de datos de la aseguradora estatal. Esta operación busca sanear las instituciones y mandar un mensaje claro contra el fraude.
La investigación se desprendió de una denuncia hecha por el propio Senasa, durante la gestión de Santiago Hazim, el 28 de noviembre de 2024, cuando se alertó sobre graves irregularidades en las autorizaciones de servicios médicos. Esta denuncia inicial fue la chispa que encendió la mecha de lo que se ha convertido en una operación a gran escala, demostrando la capacidad del estado para reaccionar ante las alarmas de corrupción.
El pasado viernes 18 de septiembre, el ‘coro’ se puso serio con la detención de 28 personas en lo que se denominó “Operación Cobra 2.0-A”. Estas detenciones se llevaron a cabo tras 37 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. La magnitud de los operativos habla de la profundidad de la investigación y del compromiso de las autoridades con desmantelar por completo estas redes ilícitas.
La supuesta red operaba con una astucia particular, gestionando falsas aprobaciones para cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de Senasa. Para lograr esto, utilizaban datos de afiliados con poco uso del seguro y realizaban llamadas con identidades ficticias, usando nombres como ‘Pedro Martínez’ o ‘Ángel Beltré’, para luego presentar reclamaciones basadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes. Es un esquema que evidencia el descaro y la falta de escrúpulos de los implicados.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
