El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha montado un ‘coro’ frente al Tribunal Constitucional, interponiendo una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal. La ‘vaina’ está en que, según el gremio, estas disposiciones penalizan de forma excesiva el ejercicio de la medicina y podrían armar un lío en el acceso de la población a servicios de salud. La preocupación principal es la llamada ‘medicina defensiva’, donde los galenos, en vez de pensar solo en el paciente, tendrían que andar con los ‘cinco sentidos’ puestos en cómo evitar un lío legal, cambiando la dinámica de la consulta y el tratamiento.
Esta ‘chercha’ legal no es de ahora. El CMD, desde hace tiempo, ha sido un pilar en la defensa de los derechos de los profesionales de la salud y de la ciudadanía. La historia del gremio está llena de luchas significativas por la mejora del sistema de salud y por condiciones laborales dignas para sus miembros. Esta vez, el meollo del asunto es que el nuevo Código Penal, que debería buscar justicia, en lugar de eso podría complicar la situación, obligando a los médicos a pedir un ‘viaje’ de exámenes innecesarios, prolongando la espera y encareciendo los servicios. ¡Imagínense, hasta la gente con casos graves o complejos podría verse rechazada! Esto, de verdad, no suena nada ‘bacano’.
El meollo del conflicto radica en artículos específicos del nuevo Código Penal, como el 8, 9, 12 y 354, que abordan la responsabilidad penal de las personas, la responsabilidad compartida, la comisión por omisión y la certificación falsa de estado de salud, respectivamente. Estos puntos, ‘asegún’ el CMD, abren la puerta para que se sancione penalmente a hospitales o clínicas sin identificar al responsable directo, lo que resulta en una injusticia palpable. No se trata de buscar impunidad, sino de que cada quien asuma su ‘boche’ y que el sistema sea justo para todos, desde el médico hasta el paciente.
Para el CMD, la cosa es clara: la Ley General de Salud establece que la responsabilidad máxima de la salud pública recae sobre el Estado. ¿Cómo es posible, entonces, que un médico termine preso si un paciente fallece por falta de sangre en un hospital, o si contrae una infección intrahospitalaria? Esas son carencias del sistema, del Estado, no del profesional que, con las pocas herramientas que tiene, hace lo posible. Penalizar al médico en estas circunstancias sería ‘echarle la culpa al palo por las culebras’, una contradicción que atenta contra el derecho constitucional a la salud de todos los dominicanos.
La acción del CMD no es una simple pataleta. Está fuertemente sustentada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citando sentencias clave sobre razonabilidad (TC/0044/12), proporcionalidad (TC/0276/19) e igualdad (TC/0159/13). Esto significa que la demanda tiene un peso legal ‘jevi’, esperando que el Alto Tribunal declare inconstitucionales estos artículos. De lo contrario, el panorama podría ser ‘apretadísimo’: menos especialistas en áreas de alto riesgo, servicios de salud más caros y, en fin, un sistema de salud que, en vez de mejorar, se iría ‘por la barandilla’. Esperamos que los legisladores, que han mostrado apertura, escuchen y arreglen esta ‘vaina’ antes de que sea demasiado tarde.
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