¡Atención, mi gente! El exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, no se ha quedado callado y ha encendido la alarma sobre los desafíos constitucionales que trae consigo el nuevo Código Penal, que, según lo previsto, arranca en agosto de este año. Este jurista de peso, que ahora funge como decano de Derecho en APEC, ha puesto el dedo en la llaga, destacando que, aunque la modernización es un avance necesario, la pieza tiene su par de bemoles que el Tribunal Constitucional deberá enderezar.
Y es que no es un secreto para nadie que nuestro sistema judicial se basaba en el Código Napoleónico de 1884, una verdadera reliquia que ya no le daba pie con bola a las realidades de estos tiempos. El nuevo Código Penal, por otro lado, le mete mano a vainas como los delitos informáticos, el sicariato, las estafas piramidales –que tienen a un viaje de gente en el limbo– y el uso de sustancias químicas como el tan temido ‘ácido del diablo’. Era hora ya de que se tipificaran estas modalidades delictivas que han provocado tanto dolor y desorden en el patio.
Esta vaina de la reforma no es de ahora, señores. Moscoso Segarra nos refrescó la memoria recordando que este proceso arrancó en el lejano 1996, bajo la gestión del entonces presidente Leonel Fernández, quien armó una comisión con juristas de alto calibre como el fenecido Artañán Pérez Méndez. Desde entonces, han pasado por el Congreso más discusiones que un juego de dominó en la esquina, hasta llegar a este texto que ya está a punto de entrar en vigor. Ha sido un camino largo, con mucho ‘tigueraje’ político y legal de por medio.
Pero, ¿cuáles son esos bemoles que le ven al nuevo Código? Pues, asegún Moscoso Segarra, hay nada más y nada menos que 71 artículos de los 393 que tiene la pieza legal que están bajo la lupa del Tribunal Constitucional, incluyendo el espinoso tema del aborto. Es un avance, sí, pero con importantes escollos que el máximo órgano constitucional deberá dirimir para que todo esté de lo más bien y apegado a nuestra Carta Magna. No podemos tener un código penal con artículos que choquen con la Constitución, eso sería un enredo legal de los grandes.
Otro punto que ha puesto a la gente de los medios de comunicación con los pelos de punta es la preocupación de que el nuevo código pueda convertirse en una ‘ley mordaza’. El artículo 330, por ejemplo, ha sido muy debatido. Moscoso Segarra es de los que entiende que, si bien el honor y la intimidad tienen su protección constitucional, la prensa debe mantener su rol de vigilancia, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos. Es más, él mismo ha participado en decisiones de la Suprema Corte que apuntan a despenalizar la difamación e injuria, llevándolas más hacia sanciones civiles o administrativas, lo que sería un avance tremendo para la libertad de expresión.
Y para rematar, hay una disposición que Moscoso calificó de ‘insólita’: la tipificación como delito de la tardanza de un juez al emitir un fallo. Él sugiere que, a menos que haya prevaricación o corrupción de por medio, eso es una vaina para los órganos disciplinarios del Poder Judicial, no para lo penal. Además, el conflicto entre la acumulación de penas de hasta 60 años y el principio constitucional de reinserción social es un lío. ¿Cómo se resocializa un joven de 20 años al que le meten 60 años de prisión? Es un tema que quita la esperanza y que el Tribunal Constitucional deberá orientar para que nuestro nuevo Código sea jevi, moderno y que de verdad le sirva al pueblo dominicano.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).




