Dieciséis años han pasado desde que el país se sacudió con la captura de José David Figueroa Agosto, un nombre que, para el dominicano promedio, evoca una era de intriga, narcotráfico y una red criminal que puso a prueba las estructuras del Estado. Este personaje, conocido también como ‘Junior Cápsula’, fue el artífice de un entramado delictivo que abarcó lavado de activos, corrupción y un ‘tigueraje’ sin precedentes. Hoy, el tema vuelve a la mesa porque, ¡coge ahí!, un viaje de los bienes incautados a su estructura siguen bajo custodia estatal, esperando ser vendidos a través del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
La pregunta del millón que muchos se hacen es: ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, ‘la vaina’ de esos bienes todavía esté ‘en veremos’? El director ejecutivo de Incabide, Manuel Rafael Oviedo Estrada, ha soltado la sopa, explicando que las propiedades ofertadas en 2014 y 2019 no encontraron compradores, dejando los procesos desiertos por falta de postores. Esto nos recuerda que el camino de la justicia, especialmente en casos de esta envergadura, puede ser más largo y complicado de lo que uno pensaría, y que a veces, ni el bien más ‘bacano’ encuentra dueño de una vez.
Asegún Oviedo Estrada, la creación de Incabide bajo el nuevo marco legal aprobado en 2023 marca un antes y un después en este ‘lío’. Esta nueva entidad, con la misión de gestionar los bienes incautados, está obligada a realizar al menos dos subastas al año. Esto es una señal clara de que el Estado dominicano está metiendo el pie para ponerle fin a estos asuntos pendientes, buscando la manera de que los activos generados por el crimen organizado sirvan a la sociedad, y no se queden ‘guindando’ en un limbo administrativo por tiempo indefinido.
La primera subasta de este año ya tiene fecha y lugar: el próximo 13 de mayo en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Entre los activos más llamativos que se subastarán, está un apartamento en la torre G-31 del exclusivo sector Piantini, Distrito Nacional, valorado en RD$7,900,000. Este inmueble, que fue decomisado a la exesposa del capo, Leavy Yadira Nin Batista, es solo una muestra del calibre de las propiedades que Figueroa Agosto acumuló y que ahora, finalmente, buscan un nuevo destino. Es un ‘parqueo’ de bienes que podría inyectar fondos importantes a las arcas del Estado para programas sociales y de seguridad.
El caso de Figueroa Agosto trascendió por la impunidad que pareció rodearlo en un principio y por cómo su red penetró distintos estratos de la sociedad dominicana, revelando fallos en el sistema y poniendo a prueba la voluntad política de combatir el narcotráfico y el lavado de activos. La subasta de estos bienes, más allá de la transacción económica, envía un mensaje potente sobre la extinción de dominio y la importancia de que el crimen no pague. Es una forma de decirle al ‘tigueraje’ que la fiesta se acabó y que el dinero mal habido terminará beneficiando al pueblo dominicano, que ha visto cómo ‘la chercha’ se armaba con las fortunas ilícitas.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).




