La reciente y lamentable muerte del agente de Migración Snayder Almánzar Mena, un jovencito de apenas 20 años, nos ha puesto a todos a reflexionar sobre una vaina que, de verdad, es un secreto a voces en nuestro país: el traslado de personal de instituciones estatales en la parte trasera de camionetas. Este trágico suceso, provocado por un conductor que se pasó un semáforo en rojo con un relajo increíble, no solo se llevó una vida joven, sino que también nos mostró de una vez que el desorden con la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es algo que tenemos que corregir con urgencia. Es inaceptable que nuestros servidores públicos, que están ahí para cuidarnos, sean expuestos a este tipo de riesgo.
La Ley 63-17 es clarita, señores, y prohíbe transportar pasajeros en las áreas destinadas a la carga. No hay que ser un lumbrera para entender que la parte trasera descubierta de una camioneta no ofrece ninguna protección; es un peligro latente. El artículo 124 de dicha ley establece sanciones fuertes para quienes violen esta disposición, desde multas hasta reducción de puntos en la licencia. Entonces, ¿por qué todavía vemos a nuestra gente de Migración, la Policía Nacional, o la DNCD viajando como si fueran sacos de cemento? Esta práctica no solo es ilegal, sino que demuestra una negligencia que atenta contra la vida de quienes juraron protegernos.
Aunque el diputado Tobías Crespo, autor de la ley, ha reiterado que la única excepción permitida es para trabajadores agrícolas y bajo condiciones específicas de protección, la realidad en la calle es otra vaina. Este tipo de traslados se ha vuelto una costumbre, un ‘tigueraje’ arraigado que muchos justifican con la falta de recursos o la urgencia de los operativos. Sin embargo, no hay excusa válida que ponga en riesgo la vida humana. Imagínense el impacto psicológico en las familias de esos agentes que salen a trabajar sin la seguridad básica, y la percepción que crea en la ciudadanía sobre el valor que el propio Estado le da a sus empleados.
Este incidente nos obliga a mirar más allá del accidente puntual. Es un reflejo de una cultura de ‘relajo’ con las normas de tránsito y seguridad que permea en diferentes niveles de la sociedad dominicana. No se trata solo del conductor imprudente de la yipeta Porsche, sino también de la institución que permite que su personal se movilice de forma tan precaria. Es un ciclo vicioso: la falta de recursos adecuados para transporte, la presión por cumplir con operativos y la percepción de que ‘no pasa nada’ hasta que, lamentablemente, pasa algo así. Es tiempo de que el Estado tome la batuta y demuestre que la vida de sus agentes es prioritaria, invirtiendo en vehículos seguros y capacitando a su personal.
La seguridad vial es una responsabilidad compartida, pero el Estado tiene un papel fundamental en garantizarla, especialmente para sus propios empleados. Urge que las autoridades de Migración y de todas las instituciones que incurren en esta práctica revisen sus protocolos y asignen los recursos necesarios para un transporte digno y seguro. De lo contrario, seguiremos lamentando tragedias que pudieron haberse evitado. No podemos seguir con este ‘así es la vaina’ cuando hay vidas de por medio. La implementación rigurosa de la Ley 63-17, tanto para civiles como para agentes, es crucial para construir un país donde la seguridad y el respeto a la vida sean la norma, no la excepción.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
