En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se ha armado un verdadero ‘lío’, señores. Los abogados que representan a los imputados en el caso Senasa 2.0-A han expresado su fuerte inconformidad con la exigencia de que sus clientes vistan ‘poloches verdes’ durante la audiencia de medida de coerción en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. ¡Una vaina de no creer! Esta disposición, según la noticia, les fue comunicada en el área de Atención Permanente, informándoles que el verde es para identificar a personas bajo arresto preventivo.
Lo que más ha irritado al ‘tigueraje’ de abogados es que tuvieron que salir de emergencia a comprar las dichosas prendas para sus representados. Consideran una carga injusta tener que asumir el costo de una vestimenta que, si es obligatoria por parte de la autoridad, debería ser provista por la institución. Esta situación ha generado un sinfín de comentarios y ‘chercha’ en los pasillos judiciales, pues la incredulidad es palpable ante un protocolo que muchos ven improvisado y sin claro sustento legal.
La medida generó un ambiente de cuestionamiento entre los defensores, quienes pasaron la mañana del sábado en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia. Allí, coordinaban junto a sus clientes los aspectos de la defensa técnica y revisaban los argumentos para presentar ante el tribunal. Este ‘coro’ de trabajo preparatorio se vio, sin duda, afectado por la novedad de la vestimenta, añadiendo un estrés innecesario a un proceso ya de por sí complejo.
El trasfondo de esta controversia es la solicitud de prisión preventiva que el Ministerio Público ha pedido contra 25 personas. Entre los imputados se encuentran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, arrestados durante la denominada Operación Senasa 2.0-A. La investigación persigue una presunta red dedicada a defraudar fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según el órgano acusador, nunca fueron realizados. Es una ‘vaina’ gorda que mantiene a la opinión pública bien atenta.
La solicitud de medida de coerción, un voluminoso expediente de 525 páginas, fue depositada antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Este paso fue dado, según la noticia, por los entonces titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz. Un proceso legal de alto perfil, que ahora se ve matizado por la insólita polémica de los ‘poloches verdes’, mostrando que los detalles, por pequeños que parezcan, pueden causar un verdadero ‘revolú’ en el sistema judicial dominicano.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
