¡Ay, mi gente! ¡Qué ‘vaina’ se ha armado en Santo Domingo Este! La abogada Fernanda Frías, con el corazón en la mano, ha puesto el grito al cielo por lo que describe como un descarado ‘secuestro institucional’ de su mamá envejeciente y, para colmo, su propia detención de forma arbitraria. Este relajo, según la jurista, fue orquestado por las autoridades de la Unidad de Atención a la Violencia de Género. La situación, de por sí delicada, plantea serias interrogantes sobre el debido proceso y la protección de los ciudadanos en nuestro patio, sobre todo cuando de por medio hay personas con poder.
Asegún lo narra la propia Frías, la cosa se puso fea cuando las fiscales Odalis Beltrán y María Sánchez encabezaron un operativo judicial que, de entrada, sonó raro. Alegaban un ‘peligro inminente’ para la señora madre, pero ¿saben qué? Cuando llegaron a la casa, encontraron a la envejeciente de lo más tranquila, echando su siestecita como de costumbre. ¡Tremendo ‘tigueraje’ para justificar una intervención así! Parece que el argumento se les cayó de una vez, dejando entrever que la motivación real detrás de esta movida podría ser otra, más oscura y con intereses de por medio.
El forcejeo no paró ahí. La abogada denuncia que le arrebataron el teléfono de forma violenta y la coaccionaron bajo custodia para que firmara el acta de allanamiento, un trueque forzado para poder salir en libertad. ¡Imagínense ustedes la presión! Mientras tanto, el General Fernando Frías Rodríguez, a quien ella señala como el agresor, parece estar bien guardado y protegido, según sus palabras. Esta situación pinta un cuadro donde la víctima y su defensora son las que terminan en el ‘lío’, mientras el supuesto victimario goza de una inexplicable impunidad, una vaina que aquí en Quisqueya vemos más a menudo de lo que quisiéramos.
La impotencia de Fernanda es palpable, sobre todo porque, al momento de la denuncia, el paradero de su madre era un misterio para la familia. Por eso, ella ha hecho un llamado urgente y directo a la Procuraduría General de la República para que meta mano y ponga fin a lo que califica como un atropello descarado. No es un secreto que la sombra del poder, ya sea militar o político, muchas veces se impone sobre la justicia en nuestro país, y este caso, lamentablemente, parece ser otro ejemplo de cómo se quiere doblar la ley a conveniencia de algunos.
Este incidente no solo afecta a una familia, sino que manda un mensaje perturbador a la sociedad dominicana sobre la confianza en nuestras instituciones. Cuando una Unidad de Atención a la Violencia de Género, que se supone está para proteger a los más vulnerables, se ve envuelta en este tipo de denuncias de detenciones arbitrarias y presuntos secuestros, la fe en el sistema judicial se tambalea. La gente espera justicia transparente y efectiva, no un ‘coro’ donde los de arriba tienen más chance de salirse con la suya y los de abajo quedan en el aire.
La abogada Frías ha dejado claro que responsabiliza al sistema judicial de cualquier daño que su madre pueda sufrir. Este no es un simple chismecito, es una denuncia seria que requiere una investigación profunda y sin ‘maquillaje’, para que la verdad salga a flote y se haga justicia. La dignidad de nuestros envejecientes y la integridad del sistema legal no pueden ser negociables por conveniencias de poder. Es hora de que se demuestre que aquí la ley es para todos, sin importar quién tenga el rango o la cartera.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
