Panorama Nacional. El presidente Luis Abinader informó este lunes que, entre 2020 y 2025, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) logró decomisar 226,046 kilogramos de drogas mediante operativos nacionales e internacionales. De ese total, 158,672.94 kilos fueron ocupados en territorio dominicano y 67,373.79 kilos en el extranjero, gracias a acciones conjuntas de inteligencia.
El mandatario destacó además la incautación de 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves y activos financieros que superan los USD$13 millones y más de RD$188 millones. Señaló que, en este mismo período, fueron detenidas 182,815 personas vinculadas a delitos de narcotráfico, microtráfico, lavado de activos y actividades conexas.
Estas informaciones las ofreció el presidente Abinader durante LA Semanal con la Prensa que se desarrolla cada lunes en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y que hoy tuvo como título “La lucha continúa”.
Abinader subrayó que solo en operaciones internas la DNCD realizó 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos, lo que permitió arrestar a 171 mil 206 personas y decomisar 46.6 millones de gramos de drogas. Asimismo, informó sobre el decomiso de RD$145 millones, USD$595 mil y EUR$1,512, además 1,443 armas de fuego, miles de armas blancas, motocicletas, teléfonos móviles, equipos de comunicación, chalecos antibalas y balanzas utilizadas en actividades ilícitas.
En el Ambinto Internacional
En el ámbito internacional, el jefe de Estado resaltó la extradición de 170 prófugos requeridos por tribunales estadounidenses y 72 deportaciones adicionales, lo que coloca a la República Dominicana en la tercera posición mundial en cooperación con el U.S. Marshals Service, en coordinación con agencias como la DEA, FBI, Homeland Security Investigations e INTERPOL.
El presidente destacó además la creación del Departamento sobre Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, la implementación de un Centro Especializado de Documentación e Inteligencia Técnica —primero en la región—, y el impulso a la reforma integral de la Ley 50-88, que contempla sanciones más severas, la creación de tribunales especializados y medidas de prevención con enfoque en salud pública.
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