¡Klk con esta ‘vaina’! El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha salido al frente, ¡y de qué manera!, al someter una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El meollo del asunto es el nuevo Código Penal, que, según el gremio, le está metiendo un pie a los médicos con disposiciones que podrían criminalizar el ejercicio de la medicina. La preocupación principal es que estas normativas fomenten la temida ‘medicina defensiva’, donde el profesional de la salud, en vez de pensar solo en el bienestar del paciente, tenga que protegerse de posibles querellas penales. Esto, mi gente, pone en riesgo el acceso a servicios de salud de calidad para todos los dominicanos, una Código Penal que si se aplica mal, nos podría salir bien caro a todos.
El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, ha sido claro como el agua. Asegura que esta movida del nuevo Código no solo es desproporcionada, sino que contradice principios constitucionales como la razonabilidad y la proporcionalidad. En un escenario de medicina defensiva, los médicos se verían obligados a ordenar un viaje de exámenes innecesarios, demorar tratamientos e incluso rechazar casos complejos para evitar líos judiciales. Esto no es solo una preocupación de los doctores; es una vaina que nos afecta a todos, porque ¿quién quiere un médico que no confía en su criterio por miedo a la justicia?
La cosa no se queda ahí. El expresidente Waldo Ariel Suero ha levantado la bandera de la contradicción, señalando que varios artículos del Código Penal chocan de frente con la Ley General de Salud. Él argumenta que el responsable primario de la salud en el país es el Estado, no solo el médico individual o el centro de salud. Pone de ejemplo situaciones donde un paciente fallece por falta de sangre o se infecta por una enfermedad intrahospitalaria; ¿quién es el culpable ahí? ¿El doctor que hace lo que puede con los recursos que tiene, o el sistema que falla? Esta discusión es clave para entender la complejidad del sistema de salud dominicano y la responsabilidad compartida entre los actores.
Históricamente, conflictos entre la legislación penal y la práctica médica no son exclusivos de nuestra tierra. En países como Estados Unidos o España, se han debatido largamente los límites de la responsabilidad médica, buscando un equilibrio entre la protección del paciente y la autonomía profesional. La tendencia global apunta a que, si bien debe haber rendición de cuentas, las leyes no pueden ahogar la capacidad del médico de tomar decisiones clínicas basadas en la ciencia y la experiencia, sin el constante miedo a un proceso penal que podría truncar sus carreras y su bienestar.
El gremio médico no está pidiendo impunidad, ¡ni de relajo! Lo que buscan es que se respeten los límites del poder punitivo del Estado y se garantice un marco legal que permita a los profesionales ejercer su labor con tranquilidad y seguridad jurídica. Los artículos 8, 9, 12 y 354 son los que tienen el ojo del CMD puesto encima, principalmente por lo que concierne a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la comisión por omisión, que podrían dejar a hospitales y clínicas en una posición bien chula, sin identificar al responsable directo.
Faltan menos de dos meses para que este nuevo Código Penal entre en vigencia, y el CMD, con su sentencia TC/0044/12, TC/0276/19 y TC/0159/13 bajo el brazo, le ha puesto presión al Tribunal Constitucional. La pelota está ahora en el tejado de los legisladores, quienes, según se ha informado, están abiertos a escuchar y, si es necesario, a meter mano para modificar la normativa. Esperemos que este debate se resuelva de la mejor manera, para que nuestros médicos puedan trabajar tranquilos y la población reciba la salud de calidad que se merece. Esta es una vaina que nos conviene a todos.
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