El Servicio Nacional de Salud (SNS) le ha puesto el freno a un médico del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, por un lío con los certificados de nacido vivo. Esta vaina, que tiene a la gente del patio con la oreja para’ arriba, ha resultado en una suspensión de 60 días para el galeno involucrado mientras se desarrolla una investigación a fondo. ¡Asegún la cosa está seria, mi gente!
La institución ha dejado claro que durante este período se llevará a cabo un proceso disciplinario riguroso y el Comité de Ética conocerá todo el expediente. Es que emitir estos documentos, que son la base legal para la identidad de un nuevo dominicano, tiene que ser una vaina intachable. Cualquier resbalón ahí no es un relajo, puede afectar el futuro de una criatura y hasta dar pie a situaciones más complejas. Esto es para que no se nos pierda un muchacho o se le nieguen derechos por un papel que no está de lo más bien.
Desde que la noticia se regó como pólvora, el hospital activó de una vez sus protocolos internos, porque nadie quiere que su centro esté metido en un coro así. Las autoridades del centro han sido claras: se está respetando el debido proceso y no van a soltar más detalles hasta que las investigaciones concluyan, para no entorpecer el proceso. Es una forma de decir que, si hay tigueraje, se va a saber y se le va a caer atrás sin pensarlo dos veces, protegiendo siempre la imagen de la institución y la confianza de la gente.
El Colegio Médico Dominicano (CMD), filial La Altagracia, a través de su presidente, el doctor Marcos Pérez Santana, ha levantado su voz. El gremio, aunque defiende el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, no se anda con chiquitas cuando se trata de la ética médica. Han recalcado que rechazan cualquier acción que vaya en contra de los principios profesionales y que, si se comprueban las responsabilidades, ellos también le caerán atrás al procedimiento disciplinario que corresponda. Es un mensaje claro: el tigueraje no tiene cabida en una profesión tan sagrada.
La integridad de los certificados de nacido vivo es un pilar fundamental para la salud pública y la protección de los derechos humanos. Estos documentos son la primera prueba legal de existencia de una persona, esenciales para su inscripción en el registro civil, el acceso a servicios de salud, educación y, en última instancia, para prevenir la trata de personas y el tráfico de niños. Un fallo en este sistema puede tener un viaje de consecuencias que van más allá de un simple papel, afectando la vida de individuos y la credibilidad de todo el sistema. Es una responsabilidad bacana que no se puede tomar a la ligera.
Casos como este, aunque lamentables, ponen en relieve la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión dentro del sistema de salud dominicano. Es crucial que tanto las autoridades como la ciudadanía se mantengan vigilantes para asegurar que los procesos se lleven a cabo con la transparencia y rectitud que se merecen. Al final del día, lo que se busca es que cada dominicano, desde que nace, tenga su identidad bien clara y protegida. Esto es un ‘claro’ para todos de que las instituciones están atentas y actúan ‘de una vez’ cuando hay que enderezar el camino.
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
