La República Dominicana fue testigo de una jornada complicada en el sector salud, luego de que el Colegio Médico Dominicano (CMD) convocara un paro médico de 24 horas que dejó a miles de pacientes en un verdadero ‘aprieto’. La medida, en rechazo al arresto del cirujano bucomaxilofacial William Almánzar y su asistente en La Vega, paralizó las consultas electivas en los hospitales públicos a nivel nacional, dejando a mucha gente con el grito al cielo y sin la atención que buscaban de una vez.
Este ‘lío’ gremial, que generó un ‘coro’ de quejas por doquier, se originó por un incidente judicial que encendió las alarmas en la comunidad médica. La detención de un profesional de la salud por supuestas negligencias siempre genera tensión y reaviva el debate sobre la seguridad jurídica del ejercicio médico en nuestro país. El CMD, asegurando que se había abusado del poder, quiso mandar un mensaje claro a las autoridades, aunque el resultado directo fue un ‘dolor de cabeza’ colectivo para los ciudadanos.
Las historias de quienes llegaron desde lejos en busca de alivio eran desgarradoras. Michelle, por ejemplo, madrugó desde Samaná con su hijo pequeño para una consulta vital en el Robert Reid Cabral, solo para encontrarse con las puertas cerradas para su cita. Viajar un ‘viaje de’ horas en ‘guagua’ para toparse con esta situación, sin familia en la capital y sin dónde ‘echarse’, es una ‘vaina’ que saca de quicio a cualquiera y que deja a los más vulnerables en una encrucijada.
La afectación del paro no fue universal en el sistema de salud dominicano. Es importante destacar que, mientras los hospitales públicos sentían el rigor de la paralización de consultas externas —aunque servicios como emergencia y algunas especialidades se mantenían, como en el Moscoso Puello con la Unidad de Pie Diabético—, las clínicas y centros médicos privados operaban con normalidad. Esto resalta una vez más la brecha existente en el acceso a la salud entre quienes pueden pagar y quienes dependen enteramente de los servicios públicos.
Conflictos como este no son nuevos en el trajinar dominicano. La relación entre el CMD y el Estado, o incluso con otros estamentos judiciales, ha estado marcada por altibajos, siempre con el paciente en el medio. El ‘tigueraje’ de las negociaciones, las exigencias de un lado y las respuestas del otro, a menudo se traduce en interrupciones de servicios que, al final, golpean ‘por la maceta’ a la gente de a pie. Es un ciclo que a veces parece no tener fin, donde cada parte tiene su argumento válido, pero el impacto humano es innegable.
Por fortuna, en horas de la tarde del día del paro, se conoció la noticia de que el doctor Almánzar fue puesto en libertad, aunque con presentación periódica y una garantía económica. Esta resolución, aun provisional, ha traído un respiro a la situación, permitiendo que la mayoría de los servicios hospitalarios se retomen. Sin embargo, el episodio deja una cicatriz y la necesidad imperante de buscar mecanismos más eficientes y menos dañinos para resolver las diferencias entre los gremios y el sistema judicial, para que el pueblo no ‘esté en olla’ cada vez que se arma un ‘lío’.
Este tipo de situaciones ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer nuestro sistema de salud pública y de garantizar que haya canales de comunicación y resolución de conflictos que no afecten la vida de los ciudadanos. La gente necesita poder confiar en que, cuando acuda a un hospital, encontrará las puertas abiertas y la atención que busca, sin importar ‘qué se arme’ o ‘qué vaina’ esté pasando a nivel gremial. Es una cuestión de derecho fundamental y de respeto por la dignidad de cada dominicano.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
