La evaluación de desempeño de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha trascendido el mero trámite institucional para convertirse en un verdadero ‘cambio jevi’ en el panorama judicial dominicano. No estamos hablando de una ‘vainita’ cualquiera, sino del inicio de una profunda reestructuración que determinará la hoja de ruta de la justicia en los próximos años, marcando la pauta para la reconfiguración de la justicia en nuestra nación.
El proceso cobra una relevancia sin precedentes con la decisión de siete magistrados de someterse al escrutinio del órgano, sumada a la renuncia voluntaria de otros cuatro, entre ellos el presidente del tribunal, Luis Henry Molina. Esta movida ha dejado a la sociedad en ‘expectativa’, pues abre un doble frente de análisis: la medición objetiva del trabajo judicial acumulado y una inevitable lectura política sobre el relevo de mandos en la alta corte.
Entre los magistrados que comparecerán ante el CNM, presidido por el excelentísimo presidente Luis Abinader, figuran Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Justiniano Montero Montero y Rafael Vásquez Goico. Su continuidad no se limitará solo a su impecable trayectoria técnica, sino también a un balance exhaustivo que el CNM hará sobre su mora judicial, el rigor en sus fallos y, claro está, su idoneidad ética. Es un ‘examen’ bien serio que tiene a más de uno con los nervios ‘de punta’.
Sin embargo, la parte más ‘heavy’ del proceso viene de quienes ya no estarán. La renuncia anticipada de Luis Henry Molina Peña deja vacante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, un cargo vital no solo en lo jurisdiccional, sino en la conducción administrativa y la agenda de reforma. Junto a él, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández y María Gerinelda Garabito Ramírez también declinaron continuar, acelerando un relevo de gran magnitud en el liderazgo judicial del país.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ahora un ‘coro’ grande en sus manos. Con estas renuncias y las plazas que puedan quedar libres tras la evaluación, el CNM tendrá la oportunidad de conformar una nueva mayoría dentro del alto tribunal. Es un reto institucional considerable, pues debe transmitir estabilidad jurídica en un momento tan crucial, asegurando que los nuevos integrantes respondan a criterios de independencia y mérito, lejos de ‘cuotas de poder’ político, como claman sectores de la sociedad civil y la comunidad jurídica.
La Suprema Corte de Justicia, según el artículo 152 de nuestra Constitución, está integrada por diecisiete jueces, designados precisamente por el CNM. Además, la Constitución estipula que estos jueces están sujetos a una evaluación de desempeño al término de siete años a partir de su elección, pudiendo ser elegidos para un nuevo período si cumplen con las expectativas. Este marco legal es la base para entender la trascendencia del ‘tigueraje’ que estamos viviendo en estos momentos.
Históricamente, la SCJ tiene atribuciones esenciales como el conocimiento de causas penales en jurisdicción privilegiada, recursos de casación, y la designación de jueces de instancias inferiores. Sus salas especializadas – la Primera para civil y comercial, la Segunda para penal, y la Tercera para tierras, laboral y contencioso-administrativo – demuestran la complejidad y la diversidad de asuntos que manejan. Magistrados como Justiniano Montero, Samuel Arias y Vanessa Acosta figuran en la Primera Sala; Francisco Jerez Mena y Fran Soto en la Segunda; y Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico en la Tercera, cada uno con una trayectoria que los avala, como ‘gente dura’ en lo suyo.
La trayectoria de estos magistrados es ‘bacana’. Por ejemplo, Justiniano Montero, con su doctorado en Derecho y su vasta experiencia en el ámbito judicial desde juez de paz hasta miembro de la SCJ, o Samuel Arias, licenciado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y exdirector de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), han dedicado su vida a la carrera judicial y a la formación. Lo mismo se puede decir de Vanessa Acosta, egresada magna cum laude de la UNPHU y con una carrera sólida en diversos tribunales; o Francisco Jerez Mena, doctor en Derecho y reconocido internacionalmente por su modelo de gestión del despacho judicial penal. Cada uno de ellos aporta un ‘peso’ significativo a la alta corte.
Al final del día, lo que está en juego no es solo el futuro profesional de estos siete magistrados, sino la dirección que tomará la jurisprudencia dominicana. Este ‘coro’ de reconfiguración no es solo un ajuste administrativo, sino una oportunidad para consolidar una justicia más fuerte, independiente y al servicio de la gente. Es un momento decisivo para el país, un ‘punto y aparte’ que definirá la visión judicial de los próximos años.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
