La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) ha soltado la voz, y ¡qué voz! Han respaldado la propuesta de extender por 24 meses el plazo para que el régimen penal de las personas jurídicas entre en vigencia de manera más tranquila. Es una vaina que, según la noticia, busca darle tiempo a las empresas para que se pongan ‘ready’ con to’ eso de los procedimientos y los mecanismos de prevención.
Asegún el reporte, Freddy González Estrada, presidente de ADESINC, no ha dudado en destacar que esta iniciativa es clave para garantizar una transición que sea ordenada, sin ese corre-corre que a veces se arma. Él entiende que las empresas necesitan un período suficiente para adecuar sus operaciones y fortalecer los controles internos, una movida inteligente para evitar atropellos o fallos por la prisa.
El concepto del régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas no es un relajo, es un tema serio que busca que las empresas, como entes legales, también respondan ante la justicia por ciertos delitos. Tradicionalmente, la responsabilidad recaía solo en los individuos, pero este marco legal moderno apunta a que las organizaciones sean también responsables por actos ilícitos como el lavado de activos, la corrupción o el fraude, promoviendo una cultura de integridad corporativa desde la raíz para que el tigueraje no se apodere de la vaina.
Un plazo de dos años, o 24 meses, como dicen, es un ‘respiro’ bacano para el empresariado dominicano. Las empresas necesitan su tiempo para poner los procedimientos al día, lo que implica revisar y actualizar manuales de cumplimiento, implementar códigos de conducta más estrictos, capacitar a todo el personal –desde la alta gerencia hasta el último empleado– y asegurarse de que los sistemas de control interno sean robustos. No es solo un papeleo, es un cambio de cultura que hay que ir inculcando con calma para que nadie se quede en el aire con estas nuevas disposiciones.
Imagínate el disparate si no se da ese tiempo: un viaje de empresas podrían caer en falta por desconocimiento o por no tener los sistemas bien montados. Esto podría traerles más de un dolor de cabeza, desde sanciones económicas fuertes y la pérdida de licencias, hasta problemas de reputación que eso sí que no es chulo para ningún negocio. Contar con canales de denuncia interna, auditorías constantes y una supervisión efectiva son vainas que toman su tiempo en implementarse bien, y el apuro solo trae desorden.
La movida de ADESINC, y el respaldo a esta ampliación, también pone en relieve la madurez de nuestro marco legal. No se trata de meter miedo por meter, sino de sentar las bases para que el empresariado se mueva en la línea, garantizando un ambiente de negocios más transparente y seguro para todos los actores que hacen vida en el ‘mercado’ dominicano. Es una señal clara de que, con un diálogo efectivo, se pueden lograr vainas jevis que beneficien al país completo.
Al final del día, estas son las conversaciones que valen la pena: donde el sector privado, representado por entidades como ADESINC, se sienta a la mesa con las autoridades para buscar soluciones que beneficien a to’ el mundo, sin dejar a nadie atrás. Es una muestra de que la colaboración y el entendimiento son los que nos llevan a buen puerto en cualquier legislación que afecte la dinámica de nuestra economía.
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