El informe de 2026 sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a República Dominicana en el Nivel 2, una categoría que, asegún el reporte, indica que el país “realiza esfuerzos significativos”, pero “todavía no cumple plenamente con los estándares mínimos” para erradicar este delito. La vaina no está fácil, pues aunque se reconocen avances, el camino para erradicar la trata sigue siendo un desafío considerable para las autoridades criollas. Este reporte, que abarca principalmente el calendario 2025 y acciones hasta enero de 2026, examina la situación en 187 naciones, poniendo el ojo en cómo cada gobierno enfrenta este grave problema.
Entre los puntos altos que Washington ha reconocido al patio, está la reforma legislativa a la Ley 137-03, promulgada en julio de 2025. Esta modificación vino a endurecer las penas de prisión, pasándolas de 15 a 20 años hasta 20 a 25 años, e incluso de 25 a 30 años en casos donde hay niños o personas con discapacidad involucradas. Además, un punto bacano es la eliminación de la prescripción del delito y la inclusión de la ‘comisión por omisión’ para sancionar a funcionarios negligentes, junto con una mayor asistencia a las víctimas. Esos son pasos de verdad que demuestran que, por lo menos en el papel, el tigueraje se está poniendo las pilas.
Sin embargo, la cosa se complica cuando se analiza el accionar operativo. El informe subraya que las autoridades dominicanas concentraron casi todos sus recursos en la trata sexual en las zonas urbanas, dejando la investigación del trabajo forzoso en las áreas rurales y en sectores clave como la agricultura y la construcción como una asignatura pendiente. Este descuido es un problema grande, porque deja a un viaje de gente vulnerable al aire. Según el reporte, se investigaron 94 casos de trata en 2025 (85 por trata sexual, ocho por trabajo forzoso y uno no especificado), una cifra que representa 135 casos menos que en 2024. ¡Eso es un descenso considerable que hay que revisar!
La protección a las víctimas, aunque con avances, también tiene sus vacíos. El Estado identificó y derivó a 139 personas afectadas a centros de asistencia en 2025, un incremento drástico frente a las 37 de 2024. De estas, la mayoría (138) fueron por trata sexual, y una sola por trabajo forzoso. Llama la atención que 108 eran extranjeras (colombianas en su mayoría, con una haitiana y una china), 30 dominicanas explotadas en el país y una dominicana rescatada en Nigeria. Es un buen paso mandar a la gente a buscar ayuda, pero la falta de refugios especializados para hombres, las restricciones de movilidad para mujeres en albergues y la ausencia de garantías legales para víctimas extranjeras que cometieron ilícitos bajo coacción son vainas que se tienen que arreglar de una vez.
El informe también hace un perfil de la dinámica de la trata aquí. En la trata sexual, las mujeres colombianas son las principales víctimas extranjeras, engañadas con ofertas falsas y despojadas de sus pasaportes bajo esquemas de deudas ficticias. Además, los traficantes reclutan adolescentes en calles, playas y redes sociales, incluyendo la ‘dark web’. En cuanto al turismo sexual infantil, el país sigue siendo un destino para agresores de Norteamérica y Europa. Mientras que la explotación laboral afecta más a niños haitianos y menores en situación de calle, usándolos para mendicidad, trabajo doméstico, agricultura, construcción, robos y tráfico de drogas. Esto nos recuerda que hay que estar con los ojos bien abiertos.
En el ámbito preventivo, el documento señala que, aunque se mantuvo el Plan de Acción Nacional 2025-2028 y las líneas directas de denuncia, la intensidad de las acciones se redujo un poco. Los inspectores de trabajo, por ejemplo, se enfocaron en el trabajo infantil, porque es “más fácil de detectar”, y descuidaron la identificación del trabajo forzoso en adultos. Lo que es una pena, porque la vaina del trabajo forzoso en adultos es un problema serio. La lenta expansión de un programa piloto para dar contratos numerados a trabajadores migrantes también es preocupante, ya que mantiene a miles de ellos en una vulnerabilidad extrema, ¡y eso no es relajo!
Ante este panorama, el Gobierno dominicano reaccionó destacando los avances legislativos, judiciales y de protección a las víctimas. Mencionaron las inspecciones laborales en sectores vulnerables, con 1,050 supervisiones y la suspensión de actividades de 11 empresas con indicios de trabajo forzoso. Además, resaltaron que el programa piloto de registro migratorio logró formalizar a más de 7,400 trabajadores migrantes con contratos de trabajo. Aunque hay cosas por mejorar, el gobierno está diciendo que se están echando pa’lante para enfrentar esta situación. Lo importante es que no se baje la guardia y que los esfuerzos se traduzcan en un cambio real para las víctimas.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
