Encuesta muestra incidencia de fraudes electrónicos en el país

República Dominicana no escapa a la ocurrencia de estafas, que van desde esquemas piramidales hasta fraudes inmobiliarios y financieros. Este fenómeno no solo afecta a las víctimas directas, también socava la confianza de actores económicos y puede debilitar la economía nacional.

Así lo refleja una encuesta realizada por TransUnion, en la que se muestra que la falta de confianza limita el crecimiento del comercio electrónico y, en consecuencia, frena la expansión de las empresas que operan legalmente en el país. Según el estudio, el 12% de 500 dominicanos encuestados indicaron haber sido víctimas de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre agosto y diciembre de 2024. Casi una cuarta parte, el 24%, señaló que era consciente de haber sido blanco de fraude.

Además, casi un 30% de los dominicanos que reportaron haber sido objeto de intentos de fraude indicaron que ocurrió a través de vishing, modalidad en la que estafadores telefónicos intentan inducir a las personas a revelar información personal.

Fraudes electrónicos en RD

Uno de los delitos de fraude más sonados en República Dominicana fue el de Jairo Joel González Durán, acusado por el Ministerio Público, junto a sus socios, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez de defraudar a más de 400 personas por montos ascendentes a más de US$15 millones, RD$34 millones y más de US$3 millones en criptomonedas.

De acuerdo con la acusación, González y sus cómplices crearon una red fraudulenta que simulaba operaciones financieras legales, ofreciendo inversiones en criptomonedas y en el mercado de valores sin contar con autorización del órgano regulador correspondiente. A través de una empresa fachada realizaron captación masiva de recursos y posteriormente ocultaron el dinero mediante maniobras propias del lavado de activos.

Los procesados realizaron oferta pública de valores y estafaron por a sus víctimas por montos millonarios.

El Ministerio Público sostiene que el grupo utilizó estrategias de mercadeo digital, incluyendo el uso de plataformas en redes sociales para promover supuestos productos de inversión. De esta manera, lograron inducir al error a cientos de víctimas que confiaron en la promesa de ganancias rápidas y seguras.

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