Nuevo Código Penal: ¿’Vaina’ de locos o justicia urgente para la RD?

La República Dominicana está en un verdadero brete con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una ‘vaina’ que tiene a medio país con los pelos de punta y a otro medio pidiendo que la cosa se apure. Una transmisión especial del Grupo de Medios Panorama puso sobre la mesa el ‘jangueo’ de opiniones entre juristas, legisladores y el pueblo en general sobre si es justo aplazar la aplicación de esta normativa, pautada para el 3 de agosto de 2026, o si hay que meterle mano ya.

El debate no es poca cosa, ¡klk! Hay quienes, como el senador Eduard Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, dicen que hay que darse un chance más. Él mismo metió un proyecto para que la vacatio legis se extienda hasta febrero de 2027. ¿La razón? Revisar la cosa bien, para que el Código Penal encaje chulo con el Código Procesal Penal y todas las demás leyes. El secretario de Justicia del mismo partido, Hotoniel Bonilla, asegura que algunos artículos chocan de frente con la libertad de expresión, como si buscaran ‘apretar’ a la gente por ahí.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) también está en el coro de los que piden más tiempo. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, confesó que la sociedad ‘se durmió’ en el proceso de discusión y ahora anda en un ‘corre-corre’ para entender las implicaciones. No es para menos, porque el abogado Olivo Rodríguez Huerta planteó una ‘vaina’ importante: no se puede tratar igual la difamación a un funcionario que a un particular, ¡eso es otro nivel! Y Miguel Valerio, otro jurista, sugirió que si el problema es la difamación e injuria, pues que le quiten ese capítulo y dejen el resto del código ‘tranquilo’.

La cosa no para ahí. El movimiento Somos Pueblo metió una acción de inconstitucionalidad porque entienden que se vulnera la libertad de expresión, un derecho que es ‘santo y seña’ en esta tierra. Por su parte, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) está ‘alante’ y ya amenazó con un plantón si el Poder Ejecutivo no extiende el plazo. Su presidente, Julio César de la Rosa, advirtió que penalizar el uso de imágenes sin autorización podría ser un ‘dolor de cabeza’ para el periodismo y la denuncia ciudadana, ¡imagínate tú!

Hasta el Colegio Médico Dominicano (CMD) tiene su ‘parao’ con varios artículos que consideran inconstitucionales y que ponen a los profesionales de la salud con penas desproporcionadas. Parece que cada quien tiene su ‘lío’ con esta ley. Es un ‘quilombo’ que nos tiene a todos con la guardia alta, esperando a ver cómo se resuelve esta situación que nos afecta a todos los dominicanos, desde el ciudadano de a pie hasta el más alto funcionario.

Pero, ojo, que no todo el mundo está de acuerdo con el ‘corre-corre’. El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, le bajó el pulgar a cualquier prórroga. Asegura que este país lleva décadas esperando por una reforma penal, y que seguir aplazando la ‘vaina’ solo va a seguir alimentando el ‘tigueraje’ y manteniendo unas leyes más viejas que Matusalén. Él dice que ya es hora de que la justicia se ponga ‘al día’ y que las excusas se acabaron.

Lo cierto es que la urgencia de actualizar nuestro marco legal es una realidad innegable. El código vigente, con sus ‘lagunas’ y debilidades, ha permitido que el ‘tigueraje’ se aproveche y que muchos casos queden en el aire. La criminalidad evoluciona y nuestras leyes tienen que hacerlo también para poder combatirla de manera efectiva. No se trata solo de aplicar penas más severas, sino de tener un instrumento jurídico robusto y coherente.

Este debate es un claro ejemplo de la complejidad de legislar en una sociedad tan dinámica como la nuestra. Se busca un equilibrio delicado entre modernizar la justicia, garantizar los derechos fundamentales y asegurar que ninguna ‘vaina’ se escape. Que no se diga que los dominicanos no le ponemos ‘corazón’ a las cosas importantes para el desarrollo del país. Al final, lo que se necesita es que el Código Penal sea una herramienta que beneficie a todos y no solo que genere más ‘jangueo’ legal.

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