¡Klk mi gente! El sistema judicial dominicano está de nuevo en el ojo del huracán con el reciente aplazamiento de la medida de coerción contra una red que, según la noticia, se dedicaba a sedar y robar a hombres en centros de diversión de la capital. La jueza Lissa Veras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, movió la audiencia para el próximo martes, luego de que un abogado de la defensa pública pidiera un elemento de prueba. ¡Un verdadero ‘lío’!
Esta red, integrada por dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad colombiana, tenía una ‘vaina’ de operación bien particular. De acuerdo al reporte, contactaban a sus víctimas en ‘coros’ nocturnos, los llevaban a apartamentos u hoteles y ahí les suministraban una sustancia desconocida que los dejaba inconscientes. Una vez ‘fuera de base’, les despojaban de todo: dinero, prendas, equipos electrónicos y tarjetas bancarias. La sofisticación de estos robos ha encendido las alarmas, y la Red que Sedaba se ha convertido en el foco de la atención pública por la audacia de sus acciones en Santo Domingo.
Pero no todo es color de rosa para la Fiscalía. El abogado Rafael Jiménez, quien asume la defensa de una de las imputadas, ha salido al frente diciendo que la calificación jurídica de robo y robo agravado está ‘errónea e incoherente’ con la realidad de los hechos. Asegún Jiménez, si el Ministerio Público analizara los hechos con más detenimiento, se daría cuenta de que esto es más un tema de proxenetismo y que su defendida es, en el fondo, una víctima en este ’embrollo’. ¡Una defensa que pone la cosa más ‘jevi’ aún!
El reporte indica que la investigación arrancó tras varias denuncias de hombres que fueron sedados y despojados entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026 en distintos sectores del Distrito Nacional. Las autoridades, siguiendo las pistas, le dieron seguimiento a los consumos hechos con las tarjetas robadas y analizaron imágenes de cámaras de vigilancia. Fue así como, según el Ministerio Público, vieron a las imputadas haciendo compras en plazas comerciales junto a Diego Armando González, el otro implicado. Un verdadero trabajo de hormiguita para dar con el ‘tigueraje’.
Las pesquisas llevaron a la localización de los tres imputados en un apartamento del Residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este. El 11 de septiembre, el Ministerio Público y agentes policiales ejecutaron un allanamiento que dejó un ‘viaje’ de evidencias ocupadas. Ahí se encontraron desde teléfonos celulares, computadoras, tabletas y relojes de lujo, hasta gafas, prendas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentos. ¡Hasta un gotero con un líquido desconocido se llevaron para analizar! Esas facturas y comprobantes revelaron que con una de las tarjetas robadas se compraron cinco iPhone 17 Pro Max por más de RD$623,000, ¡un ‘disparate’ de dinero!
Este caso ha puesto de manifiesto la complejidad de los crímenes organizados en la capital dominicana. La Fiscalía, a través de la fiscal Roxanna Campusano, adscrita a la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, imputa a los tres colombianos la violación de varios artículos de la Ley 74-25, que instituye el Nuevo Código Penal Dominicano. El proceso promete ser largo y lleno de ‘peripecias’ legales, y la sociedad dominicana espera ver cómo se desenvuelve este ‘cacao’ que ha puesto a más de uno con los pelos de punta.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
