Un ‘coro’ bastante delicado se ha destapado en La Vega, donde la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente ha dictado **prisión preventiva** por tres meses a un hombre, identificado como Jairo Federico Núñez Abreu. Según la noticia, este individuo está acusado de delitos sumamente graves: abuso sexual, explotación sexual comercial y pornografía infantil, todo en perjuicio de tres niñas con edades entre los cinco y nueve años. Esta medida de coerción, que lo mantendrá en la cárcel pública de La Vega, subraya la seriedad con la que se están abordando este tipo de crímenes que tanto daño hacen a nuestra sociedad.
La vaina se puso en movimiento gracias a la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega. Asegún el reporte, la investigación de esta grave acusación arrancó cuando la Pedatec recibió unos chivatazos de una empresa de servicios en línea, que alertó sobre un usuario que, supuestamente, andaba almacenando imágenes y videos con material de abuso sexual infantil en sus correos electrónicos. Esto demuestra lo vital que es la cooperación entre entidades para poder cazar a estos ‘tigueres’.
Los peritos investigadores, que son unos duros en esa vaina digital, no se quedaron con los brazos cruzados. Después de analizar bien esos reportes, dieron con que la cuenta que estaba ‘en la lupa’ estaba ligada a un dispositivo móvil. De ese mismo aparato se registraron accesos los días 22 y 23 de diciembre de 2025, lo que permitió trazar una ruta clara. El usuario, que se hacía llamar ‘Jro Studios Official Tutoriales’, supuestamente había subido y almacenado un viaje de archivos, nada más y nada menos que 818 piezas de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (MASI). ¡Qué barbaridad!
Las pesquisas de esta compleja operación no se quedaron ahí. También se logró establecer que no solo el teléfono móvil, sino otros dispositivos tecnológicos, fueron utilizados para producir y guardar esos archivos tan feos. Los metadatos, esa información escondida en los archivos digitales, fueron claves para enganchar parte de ese material con uno de los equipos asociados a la cuenta bajo investigación. Fue así como las autoridades, siguiendo el hilo de la tecnología, identificaron al titular de la cuenta como Núñez Abreu, quien, según el reporte, reside en La Vega.
Con toda esa evidencia digital bien amarrada, se procedió a un allanamiento, con el permiso de la jueza, claro está. En ese operativo, los investigadores incautaron un poco de cosas: discos compactos, más celulares, otros dispositivos tecnológicos, y hasta prendas de vestir y calzado. Lo más desgarrador de la noticia es que el Ministerio Público también indicó que el imputado, presuntamente, les ofrecía dinero a las víctimas para tocarlas en diferentes partes del cuerpo. Esto pinta un cuadro de manipulación y crueldad que nos debe poner a todos a pensar.
El órgano persecutor ha calificado estos hechos con un arsenal jurídico peso pesado: agresión sexual, abuso sexual, explotación sexual comercial, creación o producción, posesión y adquisición de material de abuso sexual infantil. ¡Un ‘klk’ bien serio! Además, se le atribuye atentado sexual y afectación del derecho a la imagen, dignidad, honor y moral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estas infracciones están contempladas en articulados del Código Penal dominicano, la Ley 136-03 (Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes) y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Esto demuestra que en nuestro país tenemos las herramientas legales para enfrentar este tipo de ‘vaina’.
La dirección de esta investigación tan delicada está en manos de la fiscal Belkis Ulloa, representando a la Pedatec, y la fiscalizadora Cristal Núñez, de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega. Durante la audiencia, el fiscalizador Cristian García fue quien metió la presión, solicitando la imposición de la prisión preventiva ante la jueza Adaias Sánchez. Este es un ejemplo claro de cómo el sistema de justicia dominicano busca garantizar que actos tan reprochables no queden impunes.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
