En un movimiento que busca ponerle un ‘pie’ a la desidia con nuestro patrimonio, el Senado de la República Dominicana aprobó el pasado viernes un proyecto de ley que promete revolucionar la protección de los bienes culturales de la nación. Esta pieza legislativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, no es cualquier ‘vaina’; si se convierte en ley, le dará al Estado un poder nunca antes visto para asegurar que nuestros tesoros históricos y artísticos no se pierdan en el olvido o bajo el ‘tigueraje’ de algunos.
La iniciativa tiene como objetivo principal ampliar las sanciones contra quienes, por descuido o maldad, irrespeten o dañen bienes e inmuebles que forman parte fundamental de nuestra identidad. Esto incluye desde artefactos arqueológicos hasta obras de arte, pasando por monumentos históricos y expresiones folclóricas. Es una señal clara de que el país está ‘montao’ en la ola de proteger su legado para que las futuras generaciones no se queden sin un pedazo de lo que nos hace dominicanos.
Según la propuesta, elaborada por el senador Santiago Zorrilla, aquellos propietarios que no declaren ante el Ministerio de Cultura la posesión de bienes patrimoniales se enfrentarían a multas que oscilan entre tres y seis salarios mínimos. Esto busca crear un registro más completo y, a la vez, incentivar a los dueños a asumir su responsabilidad con la historia que tienen en sus manos. ¡Ya no se vale esconder la ‘chercha’!
Pero la cosa se pone más ‘jevi’ para quienes actúen con mala fe. El proyecto sugiere multas de entre 50 y 100 salarios mínimos para quienes causen deterioros intencionados o destruyan un bien cultural declarado. Además del pago, estos infractores deberán costear la reparación y restitución del bien dañado. Es un mensaje directo a los que piensan que pueden hacer lo que quieran con nuestro patrimonio sin enfrentar consecuencias serias.
La ley también busca frenar la salida ilegal de nuestras riquezas. Se establecería un resarcimiento de entre 20 y 50 salarios mínimos si un propietario exporta un bien declarado patrimonio sin la debida autorización del Poder Ejecutivo. Esto es crucial para evitar que piezas irremplazables de nuestra cultura terminen en colecciones privadas fuera del país, perdiendo así su conexión con nuestra tierra.
Para los bienes monumentales, arqueológicos o subacuáticos, la legislación propone multas de 20 a 40 salarios mínimos a quienes realicen trabajos de exploración, remoción, excavación o cualquier intervención sin la aprobación gubernamental. Esto protege sitios que requieren un manejo especializado y evita que aficionados o saqueadores causen daños irreparables a nuestro subsuelo y fondos marinos.
Y si alguien se atreve a sustraer bienes patrimoniales, la ley es clara: se le considerará reo de robo y será castigado bajo las disposiciones del Código Penal. Incluso, objetos culturales de otros Estados encontrados ilícitamente en República Dominicana serán tratados como robados, abriendo la puerta a la cooperación internacional para su devolución, mostrando un ‘bacano’ espíritu de hermandad y respeto.
El proyecto también pone límites claros a lo que se puede hacer con nuestros monumentos nacionales. Prohíbe terminantemente colocar publicidad, apoyar construcciones o pintar letreros, dibujos o cualquier mensaje sobre un bien patrimonial. La violación de estas normas acarrearía multas de 20 a 40 salarios. El objetivo es mantener estos lugares ‘chulos’ y dignos, sin que el ‘tigueraje’ de la publicidad o el vandalismo les quite su esplendor.
Un punto interesante de la propuesta es cómo reparte la responsabilidad financiera. El Ministerio de Cultura asumiría los gastos de mantenimiento, reparación y puesta en valor de los monumentos nacionales que son propiedad de particulares. Sin embargo, no cubrirá los daños o modificaciones causadas directamente por los dueños, lo que fomenta el cuidado por parte de estos.
Pero quizás la cláusula más ‘picante’ de todas es la que faculta al Gobierno para expropiar bienes culturales cuando el propietario demuestre ser incapaz de conservarlos en buen estado. Esto, obviamente, vendría con un decreto y el pago de una tasación al dueño, pero sin duda es un poder fuerte, que busca salvaguardar lo nuestro cuando los particulares fallan en su rol de custodios.
El senador Zorrilla, representante de El Seibo, ha defendido la necesidad de esta legislación argumentando que el patrimonio cultural está cada día más en peligro por la evolución social y económica, lo que resulta en un “empobrecimiento nefasto de la historia del país”. Para él, es imperativo que el Estado dominicano sea más efectivo en la protección de estos bienes para que la historia y la cultura dominicana sean conocidas por las presentes y futuras generaciones, ‘de una vez’ y por todas.
Esta fue una de las últimas piezas que el Senado aprobó antes de cerrar su legislatura ordinaria. Si la Cámara de Diputados la acoge y el presidente Luis Abinader la promulga, el país contará con una herramienta robusta para cuidar y valorar lo que nos define como nación. ¡El ‘coro’ completo está pendiente de esta ‘vainita’!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
