En un movimiento que ha puesto a la gente a hablar en cada esquina, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A. Este proceso busca desenmascarar y castigar a una presunta red que, según el órgano acusador, se dedicaba a defraudar los fondos públicos de Senasa mediante la facturación de servicios médicos que nunca se realizaron. La solicitud de medida de coerción, que abarca a exempleados de la institución, médicos y particulares, fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, demostrando que aquí, con la corrupción, no hay ‘vaina’ que valga.
Los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, fueron los encargados de llevar este expediente de 525 páginas. La operación Senasa 2.0-A es una muestra clara de cómo las autoridades están dando seguimiento a los casos de desfalco que afectan el erario. Este paso es fundamental para asegurar que los responsables rindan cuentas y que los fondos del pueblo, que tanto hacen falta, no sigan siendo desviados por un ‘tigueraje’ de cuello blanco. La ciudadanía espera con ansias que se haga justicia y que se esclarezca todo este ‘lío’.
La magistrada Mirna Ortiz explicó que esta etapa es la ‘tercera fase’ de una investigación que ha ido identificando nuevas líneas de sustracción de fondos. El modus operandi de esta presunta estructura era bien ‘chulo’ para ellos: facturaban y cobraban a Senasa por consultas, procedimientos y servicios médicos que nunca se ejecutaban. Imagínese usted la chercha que tenían, drenando los fondos de Senasa y, lo que es peor, afectando la cobertura de salud de los afiliados, consumiendo las cuotas de sus pólizas sin que ellos se dieran cuenta. Eso es ‘grave de verdad’, porque juega con la salud del dominicano.
Este esquema no solo ha provocado un perjuicio económico estimado preliminarmente en unos RD$40 millones, sino que ha golpeado directamente la cobertura de salud de los afiliados. Ortiz enfatizó que, por ahora, los encartados son personas físicas, pero advirtió que las investigaciones podrían ampliarse a personas jurídicas y otras líneas de investigación, lo que significa que el ‘coro’ de implicados podría crecer. Esta es una situación que requiere mano dura y que el Ministerio Público siga ‘metiendo el pie’ para llegar hasta el fondo del asunto.
Los 25 imputados, entre los que se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez y un grupo considerable de médicos, incluyendo a Juan Henry Poueriet y Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Están a la espera de su traslado al tribunal para la audiencia de medida de coerción, un momento crucial para la Operación Senasa 2.0-A y para el sistema de justicia dominicano. Los nombres son un viaje de gente, lo que indica la magnitud del entramado.
La investigación se inició con una denuncia de SeNaSa el 28 de noviembre de 2024. Las pesquisas revelaron que, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, esta estructura habría utilizado distintos números telefónicos para gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de la aseguradora estatal. Estas autorizaciones, según la investigación, no eran reconocidas por los afiliados, lo que agrava aún más la situación. La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue quien autorizó los allanamientos y arrestos, poniendo en marcha todo este proceso.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia constante en las instituciones públicas. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos, y cada paso que se da para limpiar el ‘patio’ es bienvenido. Casos como la Operación Senasa 2.0-A son un recordatorio de que la transparencia debe ser la bandera de cada funcionario y cada institución. Es hora de que el ‘tigueraje’ se acabe y que los recursos del Estado se inviertan donde realmente se necesitan, en beneficio de la gente.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
