¡Atención, mi gente! En un giro que tiene a medio mundo con los ojos bien abiertos, el caso del desplome del techo del centro de entretenimiento Jet Set – esa vaina que dejó un viaje de muertos y heridos el 8 de abril de 2025 – ha tomado un rumbo diferente, gracias a una decisión contundente del juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Según la noticia, el magistrado ha variado la calificación jurídica, y lo que antes quizás se veía como una simple negligencia, ahora está cogiendo el matiz de ‘dolo eventual’. Esta movida es seria y podría cambiar el panorama judicial de los imputados en el sonado Caso Jet Set.
La clave de este cambio radica en que, según las expresiones del juez González, los responsables no es que no supieran del peligro. ¡Para nada! Había advertencias documentadas, señales claras y creíbles sobre el deterioro del techo. Sin embargo, en un acto que el tribunal calificó como priorizar la continuidad del negocio por encima de la vida humana, decidieron mantener el local abierto, permitiendo que la gente entrara y permaneciera allí, a pesar de conocer la situación real de la estructura. Esto no fue un simple descuido, una ‘pendejá’; fue una decisión consciente con consecuencias letales y fatales que se asumieron.
Este concepto de ‘dolo eventual’ es un palo en nuestro sistema de justicia. No es un delito culposo, donde uno comete un error sin intención de hacer daño. Aquí, el tribunal entiende que los imputados, aunque quizás no buscaron directamente la tragedia, actuaron sabiendo que era muy probable que ocurriera una vaina gorda y aun así siguieron adelante. Es como si dijeran: ‘Bueno, si pasa, pasó’, una actitud que, de acuerdo a la ley, tiene implicaciones mucho más graves. Esta interpretación legal es fundamental para que se haga justicia de verdad por las víctimas y sus familias.
La Fiscalía, apoyada por varias partes querellantes y actores civiles, ha visto su teoría confirmada por el tribunal. Los testimonios de los testigos, las pruebas periciales – incluyendo informes detallados de expertos como Leonardo de Jesús Reyes Madera y Gregorio Adames – y el material audiovisual y auditivo, han dejado claro que la tragedia no fue un accidente imprevisible. Se les comunicó la situación antes del 28 de marzo, según el reporte, por Manuel Jiménez y Gregorio Adames, y se pudo haber evitado el colapso. Era una cuestión de tomar la decisión correcta, pero no se hizo, o mejor dicho, se tomó la decisión de no corregir.
El juez González, al dictar su fallo, destacó que la acusación fiscal fue ‘casi perfecta’ en su sustento probatorio, pero que la calificación jurídica inicial no encajaba con la gravedad de los hechos. Ahora, al variar la calificación a delitos dolosos voluntarios y golpes y heridas voluntarios por medio del dolo eventual, el tribunal está ajustando la brújula legal para que apunte hacia donde la evidencia y la intención (o la falta de ella) señalan. Esto demuestra la seriedad con la que se está manejando este caso, buscando que el tigueraje de la imprudencia con conocimiento no se quede sin la sanción que le toca.
Sin embargo, con este cambio de rumbo legal, la cosa se pone más jevi aún: la nueva calificación jurídica y la pena imponible de 3 a 20 años de reclusión superan la competencia del tribunal que estaba conociendo el caso. Por ende, la presidencia de la cámara penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional deberá designar a uno de los tribunales colegiados para que conozca el asunto. Y aquí viene el otro ‘boom’: el proceso judicial, como nos informan, ‘comienza desde cero’ en el nuevo tribunal. Esto podría significar un respiro para los imputados, pero también un período de incertidumbre para las víctimas, aunque la meta es asegurar que se haga una justicia robusta.
Esta decisión, si bien redefine el camino legal, también rechaza algunas de las circunstancias agravantes y la ampliación de la acusación, por no encontrar base legal o no justificarse los elementos nuevos para la ampliación. El tribunal dejó claro que su función es variar la calificación jurídica, no sustituir delitos o rebasar su apoderamiento inicial. Lo que está claro es que la justicia dominicana está metiendo el pie para asegurar que, en casos de esta magnitud donde la vida de la gente peligra por negligencias con conocimiento, las consecuencias sean las que realmente corresponden. Hay que estar pendientes a ver cómo se desarrolla esta vaina en el nuevo tribunal. Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
