¡Atención, mi gente! El Ministerio Público se ha puesto de frente, asegurando que los casos de corrupción que involucran a organizaciones criminales, como la famosa Operación Calamar, no prescriben. Esto significa que, por más tiempo que pase, la justicia dominicana tiene la potestad de seguir persiguiendo a esos tigueres que se han llevado una pila de cuartos del pueblo. La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, dejó bien claro que no hay espacio para declarar la extinción del proceso penal contra los imputados de Calamar, un grupo que presuntamente estafó al Estado con una cifra astronómica de RD$21,000 millones mediante el pago ilegal de expropiaciones de terrenos. ¡Una vaina de lo más seria!
Para que la gente entienda bien de qué va la cosa, hay que ponerle un poco de contexto. Operación Calamar es uno de esos casos que ha sacudido el avispero dominicano, dejando a muchos con la boca abierta por la magnitud del supuesto desfalco. Se trata de una red que, asegún las investigaciones, habría operado con una sincronización de reloj suizo, involucrando a exfuncionarios de alto nivel y empresarios, todos en un coro para saquear el erario público. Imagínense ustedes, RD$21,000 millones, eso es un viaje de dinero que bien pudo haberse invertido en mejorar nuestros hospitales, en construir escuelas de verdad o en arreglar esas calles que están de pura pena en muchos barrios. Pero no, esos chelitos, según la acusación, fueron a parar a bolsillos equivocados. ¡Qué abuso, klk!
La defensa de los imputados, como es de esperarse, ha estado haciendo su chercha, buscando la manera de anular pruebas o, peor aún, que el caso prescriba. Pero el MP no está para relajo. Mirna Ortiz fue enfática al recordar que tanto el Código Procesal Penal (CPP) como criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC) son claros en este asunto. El Artículo 49 del CPP anterior y el 50 del actual establecen que los casos de criminalidad organizada no prescriben. Y aquí es donde la corrupción administrativa entra en juego, porque cuando hay una “coalición de funcionarios y empresarios” para estafar al Estado con sobornos y estrategias complejas, ¡eso es pura criminalidad organizada, mi hermano!
Y es que la vaina no es un invento del Ministerio Público. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha sido bien específico en su sentencia número 0770-24, haciendo suyas las consideraciones de la mismísima Corte Interamericana. Ellos establecen que en procesos complejos, como el de Calamar, no basta con un simple plazo legal. Hay que tomar en cuenta un sinnúmero de condiciones para determinar la “razonabilidad” del tiempo. Y ¿qué hace un caso complejo? Pues la actividad delictiva en sí, la multiplicidad de imputados, la cantidad de víctimas (que somos todos los dominicanos), y la pila de planteamientos legales que se generan. Aquí no estamos hablando de un robo de celular en la esquina, ¡no! Esto es una operación a gran escala, con tentáculos por todos lados.
Mirna Ortiz lo explicó de una manera que hasta un niño podría entender: “Todos los imputados que están aquí tienen un eje común: ocurrido en el mismo esquema y bajo el mismo tiempo y espacio; aquí no hay un homicidio mezclado con un robo o con un caso de droga…; por lo tanto, la defensa no tiene razón para solicitar la prescripción de los tipos penales relacionados con la corrupción cometidos por una organización criminal.” ¡Así mismo, sin rodeos! Es decir, que los acusados en Calamar no pueden venir ahora con la patraña de que el tiempo se les acabó, porque la magnitud y la forma en que supuestamente operaron los amarra a un proceso que no tiene fecha de caducidad, jurídicamente hablando.
Históricamente, la República Dominicana ha lidiado con el fantasma de la impunidad en los casos de corrupción. Muchas veces, escándalos enormes terminaban en nada, o los culpables salían campantes después de un tiempito, dejando al pueblo con una jartura y una sensación de que aquí solo la justicia le llega al pie descalzo. Por eso, el pulso que está echando el Ministerio Público en casos como Calamar, Antipulpo, Medusa y Coral, es un soplo de esperanza para muchos que anhelan ver un país más transparente y con menos mangoneo. Es un intento por romper esa cadena de “manos blandas” y demostrar que el sistema legal dominicano, cuando se lo propone, puede actuar con firmeza.
La lucha contra la corrupción organizada no es solo una batalla legal; es una batalla moral y social. Cuando el Estado es despojado de sus recursos de esta manera tan descarada, se afectan directamente los servicios básicos que la población necesita. Menos dinero para salud significa más filas en los hospitales y menos medicinas; menos para educación, pues más escuelas en mal estado y menos oportunidades para nuestros jóvenes; menos para infraestructura, y ahí vemos las calles llenas de hoyos, los apagones y un largo etcétera. Por eso, que la justicia se mantenga firme y declare la imprescriptibilidad de estos delitos, envía un mensaje potente a cualquier tiguere que ande pensando en meter la mano en lo ajeno: ¡cuidado, que te pueden pescar años después!
Este escenario legal pone de manifiesto la madurez de nuestro sistema judicial y la evolución de la interpretación de nuestras leyes. Ya no es tan fácil escudarse en tecnicismos para evadir la justicia cuando se trata de delitos que, por su naturaleza, son complejos y afectan a toda la sociedad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un chiste; son herramientas poderosas que el MP está utilizando para garantizar que los responsables de este tipo de desfalcos no se salgan con la suya. Es una señal clara de que la impunidad, poco a poco, va perdiendo terreno en nuestra querida Quisqueya.
Para la gente de a pie, esta noticia es jevi porque demuestra que el MP está actuando con determinación. Aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, y la defensa de los imputados no va a dejar de buscarle la quinta pata al gato, la postura del Ministerio Público es un paso adelante crucial. Es el momento de que la sociedad dominicana se mantenga vigilante y apoye estos procesos, porque al final del día, una justicia fuerte y sin miedo es el pilar de un mejor futuro para todos. ¡Que la verdad y la justicia prevalezcan, de una vez y por todas!
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