Un video que se ha regado como pólvora en las redes sociales ha puesto en el ojo del huracán a la gobernadora de la provincia San Juan, Ana María Castillo Mateo. En las imágenes, la funcionaria le hace un ‘pedido’ a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD): que no eliminen todos los ‘puntos de drogas’, sino que los mantengan ‘en bajo nivel’. ¡Klk con eso! Esta vaina ha dejado a más de uno con la boca abierta, especialmente porque la provincia se jacta de ser una de las más seguras del país, mientras su gobernadora pide mantener puntos de drogas ‘en bajo nivel’.
Una declaración de esa magnitud, viniendo de una autoridad gubernamental que se supone debe velar por la erradicación del crimen, levanta un viaje de cuestionantes sobre la estrategia contra el narcotráfico en la región. ¿Es que acaso la gobernadora está sugiriendo una especie de ‘modus vivendi’ con el flagelo de las drogas? Un mensaje como este, en vez de desincentivar, podría dar una señal chula, o sea, de permisividad, a los ‘tigueres’ que se dedican a esa actividad ilícita, echando por tierra los esfuerzos de un país entero.
La DNCD tiene una misión clara y contundente: desmantelar las redes de narcotráfico y erradicar los puntos de venta. Pedirles que ‘mantengan el nivel bajo’ es una contrariedad total con la lucha que se supone que debemos llevar como sociedad. La ciudadanía dominicana espera acción firme y contundente por parte de sus autoridades, no una especie de ‘tolerancia controlada’ que, a la larga, solo beneficia a los delincuentes y debilita el tejido social.
La gobernadora mencionó la importancia de ‘cuidar eso de seguir siendo la provincia más segura del país’. Pero, ¿cómo se logra mantener esa seguridad si hay una permisividad, aunque sea velada, con la existencia de puntos de venta de drogas? Asegún expertos en seguridad, la presencia de estos puntos, incluso ‘en bajo nivel’, siempre representa un riesgo latente, atrae otro tipo de delincuencia y fomenta la marginalidad. Es un bacano que se quiera la seguridad, pero con coherencia, mi gente.
Un funcionario público debe ser un ejemplo de cumplimiento de la ley y un promotor incansable de la justicia. Declaraciones como las de la gobernadora, que se hicieron virales de una vez en todas las plataformas, son un golpe bajo a la confianza ciudadana en las instituciones y en la seriedad de la lucha contra el narcotráfico. Es un chercha que el pueblo confíe cuando se dan mensajes tan contradictorios.
En la era digital, un video así se propaga más rápido que la candela en una paja, y sus implicaciones van más allá de la provincia de San Juan. Esto no solo afecta la imagen de la gobernadora, sino que también pone en entredicho la coherencia de las políticas antinarcóticos a nivel provincial y nacional. La gente está activa en las redes, opinando sin censura y exigiendo explicaciones claras y un compromiso real con la eliminación total de estos focos de problemas.
La controversia generada por estas palabras subraya la importancia de la transparencia y la firmeza en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades tienen el deber inquebrantable de asegurar un ambiente seguro y libre de drogas para todos los dominicanos, y cualquier sugerencia que vaya en contra de eso merece una aclaración seria y un compromiso real con la erradicación completa de la venta y distribución de estupefacientes en nuestra amada Quisqueya.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
