La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) ha tirado la alarma, y con razón, sobre la aplicación de la polémica Ley 225-20 de Residuos Sólidos. En un contexto económico que está ‘medio chivo’, con la incertidumbre mundial por los conflictos en Medio Oriente, el impacto de la crisis haitiana y la propia lucha del Gobierno por mantener a raya la inflación, ¡qué ‘vaina’ es esta de querer clavarle más cargas a las MIPYMES! El llamado es claro: hay que aplazar esta vaina y revisarla de pies a cabeza.
Es un disparate pedirle sacrificios al pueblo dominicano, a las familias que de por sí ya están apretándose el cinturón, y al mismo tiempo imponer regulaciones que lo único que hacen es encarecer la producción. Si el objetivo es contener los precios, ¿cómo es posible que se piensen en medidas que los van a disparar? La aplicación de la Ley de Residuos, tal como está, añade un peso extra que, sin falta, se va a reflejar en el bolsillo de cada dominicano cuando vaya al colmado o al supermercado. Esto no cuadra, mi gente.
Las MIPYMES, que representan más del 98% de nuestro tejido empresarial, no están ‘rajando’ a la hora de asumir su responsabilidad ambiental. ¡Pa’ nada! Están claras en que hay que cuidar el medioambiente, pero la cosa es que no pueden cargar con un peso desproporcionado que ahogue sus operaciones y favorezca solo a un grupito. Esta ley, diseñada para una gestión más eficiente de la basura, en su forma actual, parece más bien una soga al cuello para los pequeños negocios, que son la espina dorsal de nuestra economía.
La situación se pone más ‘jevi’ cuando uno se da cuenta de que el problema va más allá de los costos. Hay un conflicto de interés que pica y se extiende en la gobernanza del fideicomiso encargado de la ley. ¡Imagínense! Los mismos que gestionan los residuos son los que están en el consejo que decide cuánto se va a pagar. Aseguún, en lo que va de año, ya han querido subir las tarifas dos veces, lo que huele a negocio redondo para cuatro ‘tigueres’ y una carga adicional para el resto. ¿Dónde queda la transparencia en esa ‘chercha’?
CODOPYME no se ha quedado de brazos cruzados y ha puesto sus cartas sobre la mesa. Proponen un aplazamiento inmediato de la ley para meterle mano y hacerle las correcciones necesarias, una revisión técnica integral con la participación de las MIPYMES, reformar la gobernanza del fideicomiso para que sea más independiente y sin conflictos de interés, y diseñar un esquema proporcional que tome en cuenta el tamaño y la capacidad económica de cada empresa. Además, buscan incentivos reales para la sostenibilidad, no solo cargas que al final son recaudatorias.
Este es el momento de la coherencia, del diálogo abierto y de tener una visión de país que proteja el empleo y sostenga la actividad económica. No podemos darnos el lujo de aplicar una ley que, lejos de ayudarnos, lo que hace es ponernos más trabas en un momento donde la economía ya está en un ‘forcejeo’. La ruta es clara: pausar, revisar y ajustar, para que las MIPYMES, el motor de nuestra economía, puedan seguir echando ‘pa’ lante’ sin que se ahoguen en la ‘vaina’.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
