El abogado Carlos Balcácer ha salido al ruedo y, sin rodeos, le ha ‘puesto los puntos sobre las íes’ a la magistrada Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La ‘vaina’ se puso personal, mi gente, y Balcácer dejó claro que su demanda por difamación e injuria contra la fiscal no tiene nada que ver con estrategias para amedrentar al Ministerio Público, ni mucho menos con el caso de Jean Alain Rodríguez. ¡Qué va! Esto es pura y simple defensa de honor profesional, una queja legítima ante lo que él considera un atropello a su credibilidad, un activo invaluable para cualquier jurista en nuestro país.
La controversia estalló por unas declaraciones de la magistrada Ortiz a la prensa los días 17 y 25 de febrero, donde aseguró que la defensa de Jean Alain Rodríguez, en la que Balcácer participa, se veía ‘desorganizada’ y que estaba ‘obstruyendo’ el proceso en el tribunal. ¡Se armó el ‘coro’! Pero Balcácer, con certificado en mano, asegura que ese día él ni siquiera hizo uso de la palabra ni tenía turno, es más, ¡estaba en Jimaní! Así es que, según él, lo que dijo la fiscal es una ‘chercha’ y falta a la verdad de una manera ‘fea’. Este tipo de acusaciones públicas pueden hacer un daño ‘un viaje de grande’ a la reputación de un profesional del derecho, pues la ‘buena fama’ es la base de la confianza con los clientes.
Para un abogado de la trayectoria y el calibre de Carlos Balcácer, que ha litigado en casos de alta envergadura, el ataque a su ‘honor’ profesional es algo que no se puede pasar por alto. En el sistema judicial dominicano, donde la ‘cara’ lo es todo, que un fiscal de la importancia de Mirna Ortiz, al frente de una entidad como la PEPCA –que juega un rol crucial en la lucha contra la corrupción–, haga señalamientos infundados sobre la ética o la organización de un colega, es ‘grave’. No es solo un ‘chismoteo’, es una afrenta directa que puede socavar la confianza de su clientela y, por ende, su sustento y su trayectoria. La justicia dominicana, señores, exige un respeto mutuo entre todos sus actores, y cuando se falta a la verdad, hay que ‘poner un stop’ de una vez.
Lo más ‘chulo’ o ‘jevi’ de todo este asunto es que Balcácer ha dejado bien claro que su objetivo no es buscar la prisión para la magistrada Ortiz, ni mucho menos enriquecerse. ¡Qué va! Ha solicitado una indemnización de RD$25 millones de pesos, pero con una condición ‘bacana’: ese dinero será donado íntegramente a un cuartel de bomberos de una comunidad humilde en la región Sur del país. Este gesto altruista ‘está de lo más bien’, y le ‘quita la vaina’ del lucro personal a la demanda, transformándola en una declaración de principios y un aporte social. Es una forma de decir que, aunque se defienda el honor, también se puede pensar en el bien colectivo.
Esta acción legal no es la primera vez que Balcácer se ‘faja’ en defensa de la integridad judicial o profesional. De hecho, ha recordado que en el pasado ya interpuso una querella contra otra alta figura del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, en representación de la jueza Margarita Cristo Cristo. Esto demuestra que el jurista no es ajeno a enfrentar lo que considera abusos o declaraciones falsas, sin importar quién esté del otro lado. Es una muestra de que en el ‘tigueraje’ legal dominicano, la ‘honestidad’ y el ‘respeto’ al ejercicio profesional siempre deben prevalecer. La ‘justicia’ tiene que ser imparcial y transparente para todos, desde el más encumbrado funcionario hasta el ciudadano de a pie.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
