¡Un ‘viaje’ de millones! Fondos de fallecidos en bancos: ¿Qué ‘vaina’ hacer para recuperarlos?

¡Mi gente, pongan atención a esta vaina! En el sistema bancario dominicano, se ha acumulado un ‘viaje’ de dinero: más de 12,239 millones de pesos pertenecen a clientes que ya no están entre nosotros. Esto, según las estadísticas del Sistema de Información del Sistema Bancario Dominicano (SIMBAD) hasta mayo de este año. Una cantidad que podría estar ayudando a muchas familias, pero que a veces se queda ahí, en un limbo, por los procesos que hay que agotar.

La situación de estos fondos de fallecidos no es un relajo. Los bancos, según explica la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), actúan como custodios de estos recursos. Y lo bacano es que no les aplican cobros automáticos, como cargos y comisiones, para que el saldo se mantenga intacto. Además, las entidades siguen pagando la rentabilidad de los fondos, tal cual se acordó en el contrato, y lo mejor de todo es que estos chelitos pueden ser reclamados por los sucesores en cualquier momento, sin fecha de vencimiento ni penalidad alguna. Esto los diferencia de las cuentas inactivas o abandonadas, dándoles un estatus especial.

Sin embargo, el acceso a estos recursos puede ser un dolor de cabeza, y las autoridades están claras en eso. De hecho, la Superintendencia de Bancos (SB) ha estado moviéndose para flexibilizar los requisitos. Y es que el proceso actual puede resultar tedioso para los familiares, que a veces se encuentran en un corre y corre lidiando con el papeleo en un momento tan delicado. La burocracia, aunque necesaria para evitar fraudes, a veces se pone un poco ‘apretá’.

Actualmente, para comenzar el proceso, los sucesores deben solicitar información financiera a través de ProUsuario o directamente en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF). Para esto, se requiere una certificación que describa todos los productos bancarios del fallecido y la condición de los mismos. ¡Y ojo!, un paso crucial es la liquidación de los impuestos sucesorales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que representa un 3% del patrimonio sucesoral luego de las deducciones pertinentes.

Una vez completados estos pasos, los herederos deben entregar los documentos originales requeridos en cada entidad financiera. Luego de eso, la ABA detalla que, para la entrega de los fondos, se sigue lo dispuesto por el Código Civil Dominicano. Si el fallecido estaba casado, el 50% de los fondos se entrega al cónyuge superviviente, y el resto se distribuye entre los sucesores en la proporción indicada. La entrega se puede hacer en uno o varios cheques, dependiendo de la entidad bancaria.

Consciente de esta realidad, la Superintendencia de Bancos (SB) depositó recientemente un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca modernizar y agilizar los procedimientos para acceder a la información patrimonial y facilitar la entrega de bienes y fondos, especialmente los de menor cuantía. La idea es ofrecer respuestas más rápidas y accesibles a los ciudadanos que enfrentan estos trámites difíciles tras el fallecimiento de un ser querido o la disolución de una comunidad patrimonial.

Entre las novedades más importantes de este anteproyecto está la creación de un procedimiento simplificado para la entrega de bienes muebles de menor cuantía, lo que eliminaría muchas formalidades y cargas burocráticas que, sinceramente, a veces son innecesarias. También se busca establecer una distinción clara entre el derecho a conocer la información patrimonial y el derecho a retirar los fondos, fortaleciendo la transparencia y facilitando el acceso a la información. Además, promete reducir los plazos, limitar las oposiciones injustificadas y promover sistemas más eficientes. ¡Eso sí que sería un alivio para el ‘tigueraje’ que tiene que pasar por eso!

Otro punto de suma importancia es la incorporación de un procedimiento simplificado para acceder a recursos destinados a cubrir gastos fúnebres y otras necesidades urgentes. Esto es un paso adelante para estandarizar prácticas que actualmente carecen de una regulación específica y uniforme, lo que a menudo complica aún más un momento ya de por sí difícil. Esta propuesta, de ser aprobada, podría significar un cambio significativo en la forma en que las familias dominicanas manejan estos procesos tan sensibles.

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