La República Dominicana está viviendo un momento crucial en su marco legal con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Expertos en la materia, como el abogado y máster en Derecho Médico Pedro Jiménez, y el doctor Severo Mercedes, quien ejerce la presidencia de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, han salido al frente para explicar cómo esta normativa representa un avance significativo, especialmente en lo que respecta a la protección de los pacientes y la regulación de la práctica médica. Según ellos, el código incorpora nuevas figuras delictivas y aumenta las responsabilidades para los profesionales e instituciones de salud, un ‘cambio de juego’ que ya era necesario para nuestro sistema.
Los especialistas enfatizan que esta reforma no es un simple capricho; responde a la evolución constante del sistema de salud y a los avances tecnológicos que, en la práctica, habían generado un viaje de modalidades de delitos que simplemente no estaban contempladas en la legislación anterior. Por más de un siglo, el Código Penal se mantuvo sin modificaciones profundas, lo que dejaba un vacío legal enorme frente a realidades emergentes. Sin embargo, este nuevo código busca llenar ese hueco, aunque señalan que todavía queda la tarea pendiente de armonizar otras leyes fundamentales del sector, como la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y la Ley General de Salud 42-01, que necesitan su buena ‘puestada al día’ para que todo calce perfectamente.
Uno de los puntos más ‘jevi’ y a la vez más críticos que se destacaron fue la tipificación del intrusismo profesional. Esto, dicho en buen dominicano, es cuando alguien se las da de médico o de cirujano sin tener ni la formación académica, ni el título universitario, ni la autorización legal para ejercer. El doctor Mercedes, en particular, hizo hincapié en que esta práctica ilegal, sobre todo en el ámbito de la cirugía plástica, es una vaina seria que no solo amenaza la salud pública, sino que también le hace un daño brutal a la imagen internacional de nuestra querida República Dominicana como destino de turismo de salud. Es un ‘tigueraje’ que pone en riesgo la vida de la gente, y eso no puede ser.
El abogado Jiménez explicó que el nuevo Código Penal, para ponerle coto a esta situación, establece sanciones de dos a tres años de prisión y multas que oscilan entre nueve y quince salarios mínimos. Pero, y esto es lo importante, recalcan que el mayor perjuicio no es la multa o el tiempo en la cárcel, sino el daño irreparable que pueden sufrir los pacientes. De una vez recordaron casos lamentables y ampliamente conocidos donde personas sin la preparación adecuada hicieron procedimientos estéticos que terminaron en tragedias, calificando estas situaciones como eventos adversos centinela dentro del derecho médico, un término que resalta la gravedad extrema de estos fallos.
Además, advirtieron sobre la práctica peligrosa de realizar procedimientos quirúrgicos en centros que no están habilitados por el Ministerio de Salud Pública. Esta acción, además de ser una violación directa de la normativa vigente, es un ‘disparate’ que pone en un alto peligro la seguridad de los usuarios del sistema sanitario. La idea es clara: si un lugar no tiene los permisos y las condiciones, no se puede operar ahí, porque la salud de la gente está primero.
Pedro Jiménez también resaltó un aspecto revolucionario del nuevo código: los artículos 8 al 11. Estos artículos, por primera vez, establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, de las clínicas, hospitales y otras empresas del sector salud. Esto significa que estas entidades tendrán que ‘ponerse las pilas’ e implementar programas de prevención y cumplimiento para evitar líos penales, una medida que busca elevar el estándar de calidad y seguridad en todo el sistema. Es tan innovador que estos artículos contarán con un período de adecuación antes de su aplicación plena.
Finalmente, los expertos señalaron que los artículos 112 y 150 del nuevo Código Penal presentarán un gran reto para el ejercicio médico. Estos artículos establecen un nuevo marco para determinar la responsabilidad penal de los profesionales de la salud en casos donde haya imprudencia, negligencia o inobservancia que terminen causando daños o la muerte de pacientes. Es un llamado a la cautela y a la excelencia, asegurando que cada doctor actúe con el mayor rigor posible. Esta nueva legislación, en definitiva, es un desafío para todo el sistema sanitario, que exige mayores niveles de cumplimiento, prevención y calidad para que la seguridad de los pacientes esté de lo más bien y para combatir el ejercicio ilegal de la medicina de forma más efectiva.
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