La República Dominicana se encuentra en un punto crucial con las recientes modificaciones al proyecto de ley del Código Penal. Después de un sinnúmero de debates y discusiones, el Congreso ha puesto manos a la obra para corregir ciertas ‘vainas’ que, de entrada, generaron un tremendo ‘klk’ entre periodistas, juristas y diversas organizaciones de la sociedad civil. El foco principal de la polémica siempre han sido los delitos contra el honor, un capítulo que muchos sentían que ponía en jaque la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.
Las modificaciones, aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, son un reconocimiento implícito de que el texto original presentaba lagunas y definiciones muy amplias que podían cohibir el debate público. La preocupación mayor era que el periodismo de investigación y la crítica a los funcionarios públicos quedaran desprotegidos, creando un ambiente de incertidumbre para el ejercicio periodístico. Es un paso adelante para el sistema de Justicia, que busca mayor coherencia.
Uno de los cambios más relevantes lo encontramos en el artículo 123, que trata sobre el acoso cibernético. La nueva redacción es clara: difundir informaciones, opiniones o reportajes en ejercicio de la libertad de expresión o del derecho a informar, siempre que estén relacionados con hechos comprobables y de interés público, no constituye acoso. Esto es ‘de una vez’ una cláusula de salvaguarda que reconoce que una crítica severa no puede equipararse a un delito, quitándole peso al ‘tigueraje’ de querer callar voces por la vía penal.
Pero, quizás, el ajuste más impactante es el del artículo 211, que enumera específicamente lo que no se considera difamatorio ni injurioso. Aquí entra un ‘viaje de’ exclusiones importantes: las intervenciones legislativas, los documentos oficiales, las publicaciones periodísticas sobre asuntos de interés público si se actuó con diligencia razonable, las actuaciones judiciales, y, ojo, las denuncias o críticas relacionadas con corrupción, función pública y manejo de recursos estatales. Esto es un ‘bacano’ para el periodismo de investigación.
La inclusión de estas exclusiones es un salto cuántico en términos de protección constitucional. En la práctica, acerca nuestro Código Penal a los estándares de la jurisprudencia interamericana, la cual ha recalcado siempre que el debate sobre asuntos públicos merece la máxima protección, y que los funcionarios deben tener una piel más gruesa que un particular frente a la crítica. Esto es ‘jevi’ para la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto también metió mano al delito de difamación extorsiva. Ahora se exige un propósito concreto de obtener un beneficio mediante la amenaza de divulgar información. Con esto se busca diferenciar con mayor nitidez el chantaje de una investigación periodística legítima. Así se evita que una denuncia con hechos verificables se confunda con una exigencia ilícita para obtener dinero o cualquier otra ventaja, protegiendo a los que hacen su trabajo con rigor.
Sin embargo, el proyecto mantiene la criminalización de la difamación con penas privativas de libertad. Este es un punto que seguramente seguirá en el ‘coro’ de la discusión, pues organismos internacionales han insistido en que las controversias sobre honor y reputación deberían resolverse por la vía civil, no penal, salvo en circunstancias muy excepcionales. El criterio de la ‘diligencia razonable’ fortalecerá la protección del periodismo responsable, pero la pelota queda ahora en el tejado de los tribunales, que tendrán que definir qué significa una verificación suficiente.
Además de estos cambios para la libertad de expresión, hay otras modificaciones importantes. Se reguló la responsabilidad penal de las empresas, incorporando los programas de cumplimiento (‘compliance’) y aplazando por un año la entrada en vigor de este capítulo, lo que le da un respiro al sector empresarial. También se redefinieron delitos patrimoniales como la estafa inmobiliaria y la bancarrota, y se precisó la malversación de fondos públicos, cerrando algunos huecos que facilitaban la impunidad.
En la parte social, el Código amplía la concepción de violencia intrafamiliar para incluir la económica, patrimonial, psicológica y verbal, pero aclara que la disciplina paterna en el marco del interés superior del niño no es violencia. Se redefinen delitos sexuales, con plazos de prescripción más largos para menores y se endurecen las sanciones contra la pornografía no consentida y la violencia digital, una respuesta al crecimiento de esos delitos en la red. En resumen, el nuevo Código Penal, con estas correcciones, representa un avance significativo, aunque su verdadero impacto se verá cuando los jueces y tribunales comiencen a interpretarlos.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
