El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha salido al frente para denunciar un ‘fuego en el patio’, una ‘vaina’ de presión mediática que, según la institución, está orquestando el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral. Este ‘coro’ se basa en una sentencia que no tiene carácter definitivo y que, apegados a la ley, está siendo recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia por un equipo de abogados de incuestionable calidad moral y profesional. Los demandantes reclaman el pago de US$5.0 millones, a pesar de que este proceso legal sigue su curso en la justicia, lo que el BCRD califica como un uso abusivo e irresponsable de las vías de derecho.
La controversia tiene raíces profundas que se remontan a 1999, cuando el Poder Ejecutivo solicitó a la Junta Monetaria la realización de una operación para saldar la deuda que el Estado dominicano mantenía con varios contratistas. Estas deudas se generaron por trabajos de ampliación de la Autopista Duarte en la década de 1990. En este esquema, el Banco Central se comprometió, por cuenta del Estado, a transferir terrenos como dación en pago. Esta movida, debidamente autorizada y con contratos formalizados, buscaba resolver una situación compleja que involucraba al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
Para el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, el acuerdo se concretó el 11 de agosto de 2004, cuando el Banco Central les transfirió 5,000 metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera. Según la noticia, el Consorcio recibió el certificado de título original y, además, otorgó un válido e irrevocable recibo de finiquito y descargo por la suma de RD$38,805,457.90. Es importante destacar que, como se acordó, el Consorcio tenía la responsabilidad de coordinar y realizar las diligencias técnicas y procesales necesarias para el deslinde y la individualización de sus derechos sobre el terreno. El 12 de noviembre de 2004, el Registro de Títulos del Distrito Nacional expidió una constancia anotada en su provecho, garantizando su derecho de propiedad.
No obstante, la ‘chercha’ judicial no tardó en encenderse. Ya en 2007, el Consorcio impugnó el deslinde realizado por Grand Realty S.A., otra de las empresas beneficiadas con daciones en pago en el mismo sector. Sin embargo, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central declaró esta demanda inadmisible, argumentando falta de legitimación activa, pues el Consorcio no era propietario ni colindante al momento de los trabajos de deslinde y subdivisión. Esta decisión fue recurrida en todas las instancias y adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o sea, se volvió un ‘palo’ jurídico irrefutable.
A pesar de ese revés, el Consorcio no se quedó tranquilo. En 2017 interpuso una nueva demanda, esta vez buscando la rescisión del contrato de dación en pago y reclamando daños y perjuicios, alegando que, a pesar de sus gestiones, nunca había podido ubicar su terreno. El BCRD, por su parte, ha planteado que cumplió cabalmente con su obligación de entrega del inmueble y que el Consorcio siempre tuvo pleno conocimiento de la ubicación. Para reforzar su punto, la noticia menciona un informe de verificación técnico-catastral del 6 de marzo de 2026, que confirma que la porción de 5,000 metros cuadrados sigue disponible y a nombre del Consorcio.
La sentencia que el Consorcio intenta ejecutar, y que ha motivado esta campaña de presión mediática, es una decisión de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Sin embargo, el Banco Central insiste en que no es definitiva y que está ‘viciada’ con errores legales, como la inobservancia de los límites de apoderamiento, desnaturalización de los hechos y falta de motivación. Por ello, la institución ha ejercido su derecho a recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, y, ‘asegún’ las leyes, esta sentencia podría ser incluso susceptible de revisión ante el Tribunal Constitucional, ‘¡klk!’ que no es algo para tomar a la ligera.
En resumen, el Banco Central asegura que esta institución ha cumplido ‘de una vez’ con sus obligaciones, transfiriendo el derecho de propiedad y que el Consorcio, con conocimiento pleno del estatus del inmueble, lo registró a su nombre. La institución considera que la campaña de ‘presión mediática’ es un intento de manipular la opinión pública y los medios, vendiendo la falsa idea de que la sentencia constituye un crédito ejecutable cuando, ‘en verdad’, el proceso legal aún está ‘vivo’ y coleando en las más altas instancias judiciales. Esto es un ‘coro’ complicado que el BCRD está decidido a ganar para dejar las cosas claras.
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