¡Ay, mi gente! Aquí en Pedernales la vaina se ha puesto jevi con el asunto del Bar & Seafood El Navío. Resulta que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le cayó atrás con una resolución para que desalojaran de una vez el negocio, alegando que está en la franja de los sesenta metros de la línea de pleamar, un espacio que es de dominio público, y que el restaurante no tiene los permisos vigentes. Pero mira tú, la justicia le ha puesto un freno provisional a esa movida, y ahora mismo, el desalojo en Pedernales está en veremos.
El dueño del establecimiento, Odanis Antonio Grullón Féliz, se ha mantenido firme como un robledo. Él jura y perjura que su negocio opera con todas las de la ley, mostrando patentes e inspecciones que le dieron desde 2019 hasta 2024, tanto de la Alcaldía como de las mismas autoridades ambientales. Según Grullón, todo esto es parte de un ‘tigueraje’ orquestado, un asedio institucional que busca sacarlo del medio para despejar la costa, justo donde el Gobierno central está metiéndole el pie al proyecto del nuevo malecón turístico. Y eso, mi gente, levanta sospechas, porque ¿cómo es que antes estaba de lo más bien y ahora no?
El relajo legal ha sido un vaivén de decisiones. Primero, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible un recurso de amparo que puso la empresa, mandando el caso por los canales ordinarios, como quien dice: ‘cojan su camino’. Pero entonces, el Juzgado de Primera Instancia de Pedernales se metió en el medio y dictó una ordenanza de referimiento que, ¡zaz!, suspende la ejecución de ese supuesto desalojo material del restaurante. Esto demuestra que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, está ahí para velar por el debido proceso.
Esta movida judicial es una señal clara de que no se puede llegar así, como Juan por su casa, a querer sacar a la gente sin que se cumplan las garantías procesales. El tribunal de la provincia fronteriza detectó una contradicción importante en el acto de intimación, algo que vulneraba el derecho a la defensa de El Navío. Así que, hasta nuevo aviso, cualquier intento de demolición por parte de las instituciones gubernamentales queda paralizado hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa decida quién tiene la razón de verdad, si el Ministerio o el humilde comerciante.
El caso de El Navío no es una vaina aislada; es un reflejo de la efervescencia que vive Pedernales. Con la visión del presidente Luis Abinader de convertir a Cabo Rojo en un polo turístico de clase mundial, la zona está en el ojo del huracán del desarrollo. Se están invirtiendo un viaje de cuartos en el nuevo puerto, un aeropuerto, y claro, el malecón. Es una situación donde chocan los intereses del desarrollo turístico con los derechos de los pequeños comerciantes y, a veces, la interpretación de las leyes ambientales. Todos queremos ver a Pedernales echar pa’lante, pero siempre bajo el amparo de la ley, ¿verdad?
Este episodio deja claro que, aunque el desarrollo sea bacano y necesario para nuestra economía nacional, la forma en que se manejan estos procesos es clave. La gente quiere transparencia y que se respeten los derechos adquiridos. Veremos cómo se desenlaza este ‘coro’ en los tribunales. Lo importante es que, por ahora, El Navío puede seguir operando, esperando una decisión definitiva que, esperamos, sea justa para todas las partes.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
