¡Qué ‘Vaina’! Justicia Frena Desalojo en El Navío de Pedernales

La vaina está caliente en Pedernales. Un giro de tuerca legal ha puesto en jaque la supuesta orden de desalojo contra el popular establecimiento ‘El Navío Bar & Seafood’, ubicado en la mismísima costa de esta provincia sureña. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales había dicho ‘klk, hay que salir de aquí’ con la Resolución núm. 0009/2026, alegando que el negocio opera sin los permisos necesarios dentro de la franja marítimo-terrestre de sesenta metros, que es un bien de dominio público. Pero, ¡ay, mi madre!, la Justicia Frena Desalojo de forma provisional, dándole un respiro a los dueños y dejando a más de uno con los ojos pela’os.

Odanis Antonio Grullón Féliz, el propietario del restaurante, no se quedó callao’. Él asegura que su comercio tiene todos los papeles en regla, con patentes e inspecciones emitidas por la Alcaldía local y las propias autoridades ambientales desde 2019 hasta 2024. O sea, que no es ningún ‘tigueraje’ de su parte. Grullón Féliz ha denunciado un supuesto asedio institucional, como si hubiera un coro detrás para forzar su salida y despejar esa zona costera donde el Gobierno central tiene planes grandotes con el nuevo malecón turístico. Esto no es solo un pleito por un negocito; es un ‘brete’ que toca el desarrollo mismo de Pedernales, un punto clave en la visión del sur.

La trama se puso aún más jevi en los tribunales. Al principio, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible un recurso de amparo de la empresa, mandando el caso por la vía normal. Ahí uno pensó que la cosa iba mal para ‘El Navío’. Pero entonces, ¡bam!, el Juzgado de Primera Instancia de Pedernales metió la cuchara y dictó una ordenanza de referimiento que, como te dije, suspende de forma provisional cualquier ejecución de desalojo material. Parece que en Pedernales la gente no se come ese cuento tan fácil y exige que las cosas se hagan ‘de una vez’ y bien.

La decisión del tribunal civil de la provincia fronteriza no fue un ‘bacano’ porque sí. Determinaron que la intimación inicial que buscaba el desalojo tenía una ‘contradicción insalvable’, lo que echaba por tierra el debido proceso de defensa del comerciante. O sea, que la forma en que se quiso hacer la vaina no estaba bien. Esta es una muestra clara de que, aunque haya proyectos de desarrollo chulos y necesarios para nuestra economía, el Estado tiene que manejarse con apego a la ley y respetar los derechos de los ciudadanos, evitando que se sientan como ‘conejillos de indias’ ante la prisa de las obras.

Este impasse no es un caso aislado, sino que refleja la tensión inherente al boom turístico que vive Pedernales. Con la construcción del puerto de Cabo Rojo y la proyección de un nuevo aeropuerto, la zona se perfila para ser un polo de desarrollo importantísimo en el sur. Sin embargo, estas iniciativas, aunque prometedoras, a menudo chocan con los intereses de los pequeños y medianos empresarios locales que han labrado su futuro en la costa por años. La Ley 305-68, que establece la franja de 60 metros de dominio público marítimo-terrestre, es una pieza clave en estas disputas, y su aplicación correcta y justa es crucial para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo para todos.

La decisión judicial actual paraliza cualquier demolición institucional hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa examine a fondo el recurso principal y determine si las actuaciones gubernamentales tienen verdadera validez legal. Es un aviso claro para que las autoridades se manejen con cautela y transparencia. Este caso en Pedernales, más allá de ‘El Navío’, es un termómetro de cómo se están manejando los proyectos de desarrollo en nuestro país y el peso de la ley frente a la prisa por construir. La chercha legal apenas comienza, y el pueblo dominicano estará atento a ver cómo se desenlaza esta historia.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!

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