La comunidad educativa dominicana se encuentra en un verdadero ‘tumba y dale’ con la detención de Inocencio Lebrón Montero, un profesor de matemáticas del Politécnico Víctor Estrella Liz, conocido cariñosamente como ‘La Perito’. Este caso ha encendido todas las alarmas, pues el docente está bajo investigación por presunta agresión sexual contra una alumna menor de edad. La noticia ha caído como un cubo de agua fría, recordándonos que la seguridad de nuestros muchachos en los centros educativos es una vaina que hay que tomarse muy en serio, sin relajo.
Lebrón Montero fue apresado el pasado 22 de abril y, desde entonces, permanece en preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia para su medida de coerción, que se supone iba a ser rápida, tuvo su primer ‘tira y encoge’ al ser aplazada hasta el 2 de mayo, dando tiempo a la defensa para armar su ‘dossier’. Estas dilaciones, aunque a veces necesarias por ley, suelen generar incertidumbre en la gente y en la víctima, que lo que quiere es ver el caso caminar de una vez, con la celeridad que amerita una situación tan delicada.
Asegún el expediente, los hechos se remontan a mayo de 2024. Se alega que el profesor habría iniciado un acercamiento paulatino con la joven, usando mensajes personales para ganar su confianza, hasta que la situación se tornó fea. Este tipo de modus operandi, donde se abusa de la posición de poder y la inocencia, es una ‘chercha’ que hay que erradicar de raíz. La confianza que los padres depositan en los educadores para que guíen y protejan a sus hijos es sagrada, y cualquier violación a esa confianza es un golpe bajo para toda la sociedad.
La denuncia formal fue puesta por la madre de la menor el 27 de enero, un acto de valentía que resalta la importancia de no callar. El documento indica que el profesor supuestamente ejerció presión emocional para obtener interacciones de carácter íntimo, aún cuando la joven se negaba. También se menciona un encuentro fuera del colegio donde habrían ocurrido los ‘tocamientos’, lo que agrava aún más la situación. Este patrón de manipulación y coerción es, lamentablemente, una realidad que muchas veces pasa desapercibida, haciendo crucial la vigilancia y educación sobre el consentimiento.
El Ministerio Público no se está con ‘cuentos chinos’ y ha imputado al docente con la violación de los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, que hablan de agresión sexual y atentado al pudor, además del artículo 396 de la Ley 136-03 de protección a niños, niñas y adolescentes. Estas leyes, promulgadas para proteger a los más vulnerables, son la base sobre la cual descansa la esperanza de que este tipo de delitos no queden impunes y de que los responsables reciban su merecido, sentando un precedente importante para el ‘tigueraje’ que anda en esa ‘mala vibra’.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), haciendo eco del sentir nacional, ha rechazado contundentemente cualquier tipo de abuso o acoso sexual en las escuelas. Y es que datos del Ministerio de Educación revelan que, solo en 2024, se reportaron alrededor de 30 casos de acoso en el sistema educativo. Esta cifra, que probablemente solo muestra la punta del iceberg, es un llamado de atención para fortalecer los protocolos, la educación sexual integral y los canales de denuncia, para que nuestros centros educativos sean espacios seguros y ‘bacanos’ para todos, sin miedos ni secretos dañinos.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
