¡Qué ‘vaina’! El Tribunal Superior Administrativo (TSA) le ha puesto el pie otra vez a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), condenándola a soltar nada más y nada menos que 20 millones de pesos. ¿La razón? Dañar la honra y el buen nombre del jurista Julio Cury. La Cuarta Sala del TSA dictaminó que esta institución usó el nombre del abogado sin ningún tipo de base legal en comunicaciones oficiales, y eso, mi gente, es una metida de pata grave que le ha lesionado su derecho fundamental al buen nombre. Imagínense el ‘lío’ en el que se metió la Cámara de Cuentas.
Esta no es la primera vez que la CCRD se ve en aprietos por este mismo caso. ¡Para nada! Ya la Suprema Corte de Justicia había advertido sobre cómo estaban distorsionando la verdad públicamente y exponiendo al jurista de forma indebida en sus informaciones. El tribunal, con muy buen criterio, entendió que meter a Cury en esa narrativa institucional fue algo súper lesivo, reafirmando que la Cámara de Cuentas tiene que apechugar por el tremendo daño al prestigio profesional del abogado. Es como dice el dicho: ‘Lo que se ve no se pregunta’.
La Cámara de Cuentas, como órgano constitucional, tiene una función crucial en nuestro país: auditar y fiscalizar los fondos públicos. Se supone que son los guardianes de la transparencia, los que velan porque los chelitos del pueblo se gasten con pulcritud. Pero cuando una institución tan vital enarbola acusaciones o involucra a ciudadanos sin un sustento jurídico claro, pierde credibilidad y, sobre todo, atenta contra la integridad de las personas. Es una cuestión de ética y de apego a la ley que no puede pasar por alto. Un verdadero ‘desbarajuste’ en la forma de manejar la información.
Este tipo de sentencias no solo resarcen un daño específico, sino que también envían un mensaje claro a todas las instituciones del Estado. No se puede andar por ahí utilizando el nombre de la gente a la ligera, ni mucho menos manchar reputaciones sin pruebas contundentes. Fortalece el Estado de Derecho y nos recuerda a todos, tanto ciudadanos como funcionarios, la importancia de respetar los derechos fundamentales. Es una muestra de que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, puede llegar a poner a cada quien en su sitio. ¡Para que se cojan su ‘fresca’!
Al final del día, lo que está en juego es la confianza de la gente en sus instituciones. Casos como este, donde un individuo tiene que ir a los tribunales para defender su honra frente a un organismo público, pueden sembrar dudas. Sin embargo, cuando la justicia actúa con firmeza y condena los abusos, se reafirma la idea de que nadie está por encima de la ley. Es un buen paso para la transparencia y para que las instituciones operen con la debida diligencia. La gente quiere que las cosas se hagan bien, ‘sin pendejá’.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
